La champha guerra está que arde en el frente de batalla entre los “hermanos” del proceso de cambio y, como escribiría nuestro siempre extrañado Paulovich, no hay orden de parar. Entre varios, uno de los frentes de hostilidades se sostiene en el ámbito del Derecho, sea en la Asamblea Legislativa o en el estrictamente jurisdiccional, con el ya a estas alturas de los disparos inocultable propósito de evitar o lograr que el cocalero obtenga la candidatura del oficialismo o, de lo que queda del mismo. Veamos pues a título de especulación -aunque con base fáctica- por donde vendrían los tiros:

Un frente de batalla se libra en la Asamblea Legislativa y tiene que ver con el hasta el momento, infructuoso proceso de elección (también demostrablemente fracasado) de altos cargos del sistema de justicia. Luego de la jalada de orejas desde nada menos que del Tribunal Constitucional con su SCP No. 060/2023, no parece existir luz al final del túnel y, la espada de Damocles de los tiempos está en la cabeza no sólo de la clase política ahí representada que sigue sin dar la talla, sino del soberano. Obviamente ese laberinto obedece en parte importante a esa champha guerra y a los cálculos de las facciones para volver a poner a los suyos, para que se los inventen algunas cosillas, se los saquen de circulación a otros, etc. Naturalmente, esos cálculos incluyen lo que eventualmente esos Tribunales de cierre del sistema podrían decidir en el inmediato futuro sobre la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de la candidatura del cocalero, etc. Más abajo, amplío.

Otro frente que acaba de ser abierto, es el anuncio del MinJusticia para meterle pleito a su a estas alturas de las hostilidades, ex, amado y venerado jefazo, por delitos contra el bien jurídico del honor. Si bien, dada su naturaleza privada y punibilidad, no podría en caso de una eventual condena -mediando 1.000 abogados dispuestos a chasquearse en juicio oral frente al Licenciado, solito- acaece que precisamente una sentencia de culpabilidad ejecutoriada, por muy perdonada o suspendida por el procedimiento que sea, podría generar la imposibilidad de habilitación del condenado y/o su cesación de un eventual mandato. La CPE usa un término bastante indeterminado (Mostajo Machicado, dixit) sobre las “condiciones generales de acceso al servicio público” para postularse a la Presidencia y, es práctica común, exigir para ese tipo de postulaciones o posesiones, un certificado del Rejap (Registro de Antecedentes Penales) completamente limpito e inmaculado, es decir, sin sentencia ejecutoriada, etc. (Dejo a mis colegas la deliciosa discusión sobre los alcances de los beneficios post condena).

Naturalmente, un tribunal adicto al poder o convenientemente aceiteado, podría interpretar “maravillas” para evitar que algún condenado -así sea por delitos privados, perdonados o suspendidos- se postule o se posesione a la Presidencia. Peor en el caso del que sabemos…

Otro frente acaba de ser de taquito introducido por el MinJusticia al indicar que el Constitucional tendrá que dilucidar los alcances futuros de la ya famosa Opinión Consultiva No. 28/21 de la CORTE IDH sobre la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales; aquella que resolvió precisamente que los “fundamentos” del esperpento de la SCP No. 084/2017 del “derecho humano” de su jefazo para candidatear sine die, no daban ni para chiste de mal gusto ni de Condorito.

Pues bien, sostengo qué a esta altura del partido, toda vez que las OOCC no son retroactivas, ya no es necesario declarar la nulidad o lo que sea de tal esperpento (actualmente muy bien cuidado por los actuales tribunos) a partir de la vinculatoriedad de aquella OC 28/2021; sino simplemente, lo así resuelto deberá ser acatado por los agentes estatales internos, incluyendo los bolivianos, por supuesto. Ello implica un amplio abanico de posibilidades para ante eventuales discusiones sobre su aplicabilidad en futuras candidaturas: podría ser el Órgano Electoral el que se expida al respecto, directamente o enviándole el pleito al TCP vía consulta de constitucionalidad; una similar del ejecutivo o una acción de inconstitucionalidad o hasta un amparo contra alguna de esas resoluciones; con lo que nuevamente, la guerra podría dilucidarse en estrados judiciales, siendo de altísima importancia entonces, quienes serán los decisores.

Así el estado del arte de las hostilidades en su vertiente jurídica, todo indica que la madre de todas las batallas se ventilaría en esos ámbitos y con esas mis especulaciones que, insisto, obedecen a esos datos de la realidad. Por supuesto que “la calle” también pondrá lo suyo, incluyendo los Congresos, bloqueos, denuncias y khaleaduras, ya anunciadas o en curso.

En todo caso y a la vista de ese estado, me es imposible no acordarme de aquello de H.C.F. Mansilla: “Conociendo las actividades políticas en América Latina, paulatinamente me di cuenta de que el ejercicio continuado de la política es la suma de la indignidad y la obscenidad”.