La decisión de la Justicia de ordenar, a través de un amparo constitucional, la suspensión de interpelaciones en la Asamblea Legislativa, desató una serie de críticas de las alianzas de la oposición, que calificaron a ese fallo de inicio de la “dictadura gubernativo-judicial” y de “golpe al Legislativo”.

El fin de semana se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió el amparo constitucional interpuesto por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, con lo que se suspendió de hecho el derecho de la Asamblea Legislativa de interpelar a los ministros.

El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó el alcance de la sentencia “manipulada y orquestada por el gobierno”, debido a que considera que se constituye en una “amputación de un brazo esencial del trabajo de la Asamblea Legislativa, como es el de fiscalización”.

“Con esta sentencia se inaugura la cleptocracia, el gobierno de cleptocracia de Luis Arce, y se inaugura la dictadura gubernativo-judicial de Luis Arce, donde va a utilizar a estos jueces vocales y a los consejeros y magistrados de Sucre para concentrar todo el poder del Estado a favor de él”, afirmó Alarcón a Brújula Digital.

El asambleísta lamentó que con esta decisión judicial también se prive a la ciudadanía de proteger sus derechos humanos, hasta el punto de desnaturalizar el objeto de un amparo constitucional.

“Las acciones de amparo constitucional son para defender los derechos humanos contra los ministros, es decir, defender a los ciudadanos frente a la corrupción del gobierno, frente a los abusos del poder del gobierno y frente a la mala gestión de Estado y administrativa del gobierno. No, son al revés, o sea, no es para defender a los ministros contra los ciudadanos, para protegerlos de su mega corrupción, de su abuso de poder, protegerlos de su mala gestión de Estado y administrativa”, acotó Alarcón.

Por su lado, el diputado Walthy Egüez, de la alianza Creemos, calificó a la decisión judicial como un “golpe al Legislativo”.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio un golpe judicial a la Asamblea Legislativa con su decisión”, declaró Egüez, quien lamentó que, con esa decisión, el Ministro de Economía no acuda a la convocatoria de una interpelación en la Asamblea Legislativa.

Las críticas a la decisión judicial no sólo fueron emitidas por la oposición, sino también por el ala evista del MAS. El diputado Renán Cabezas, en declaraciones a Unitel, anunció una impugnación al fallo.

“Están coartando el derecho a los representantes del pueblo a hacer su trabajo, a fiscalizar, a transparentar el trabajo que se realiza cada uno de los ministros… al parecer, el Órgano Ejecutivo y el Judicial han hecho un pacto. Están dispuestos a vulnerar derechos fundamentales. El pueblo tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a saber qué es lo que hace cada uno de los ministros”, declaró Cabezas.