Legisladores de oposición y oficialismo esperan unir fuerzas esta semana para responder a “la declaración de guerra” que recibieron al ser comunicados que no podrán fiscalizar a ministros, por medio de las interpelaciones, hasta que se resuelva una Acción de Amparo Constitucional. El vocal Israel Campero, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió el viernes el recurso constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. La Acción solicita la suspensión de las interpelaciones programadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) como medida cautelar hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie. Además de dar por descontado que el vocal Campero será procesado por prevaricato, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón resaltó que lo más importante será cómo todas las fuerzas políticas del Legislativo responderán ante la restricción para ejercer una facultad estipulada en la Constitución Política del Estado. “Es una declaración de guerra que tendrá que tener una respuesta, por parte de todas las fuerzas democráticas de la Asamblea, a la altura de este atentado, de este gravísimo atentado contra las bases y la institucionalidad de la propia Asamblea y de la democracia del país”, anticipó Alarcón en contacto con la agencia ANF. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas aseguró que todos los legisladores “dignos” coincidirán para reclamar y restituir el derecho de fiscalizar a las autoridades del gabinete presidencial mediante las interpelaciones. “Vamos a apelar, vamos a presentar un recurso al respecto, porque no puede ser que nos cuarten el derecho constitucional a poder interpelar a los ministros (…). Creo que vamos a coincidir todos los diputados y senadores que somos dignos, que queremos cumplir con nuestra tarea y nuestro juramento hecho con el pueblo boliviano. Aquellos que no estén de acuerdo con nosotros, están cooptados, están comprados por el Ejecutivo”, sostuvo Cabezas.