Presentaron proyecto de ley para precautelar atribución fiscalizadora

La bancada parlamentaria de Creemos, senadores y diputados presentaron, este lunes un proyecto de ley y anunciaron acciones de hecho para evitar que el Gobierno de Luis Arce ejecute un “atentado contra la Asamblea Legislativa” utilizando al sistema judicial para cercenar su capacidad de interpelar a ministros de Estado.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS) desde hace tiempo viene buscando dejar sin competencia a los parlamentarios bolivianos en su afán de manejar el país de manera grosera sin fiscalización y el aparato judicial nuevamente se ha prestado para los intereses dictatoriales del gobierno”, dijo enfático el diputado Walthy Egüez, tras rechazar la determinación de la Sala Constitucional Primera de La Paz que admitió un amparo constitucional formulado específicamente para suspender las interpelaciones a los ministros de Estado.

A fin de evitar que el Gobierno ejecute su plan para eliminar toda capacidad de fiscalización de la ALP, los legisladores plantearon “con carácter de urgencia” un proyecto de Ley que subsana la determinación judicial y resuelve todo posible vacío judicial acerca de los efectos de la censura resultado de las interpelaciones a altas autoridades de Estado.

Egüez, refiriéndose al presidente del país, Luis Arce Catacora, y de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, exigió que este proyecto de Ley sea tratado de manera urgente en la primera sesión de plenaria que debe cumplirse esta semana.

“Decirle a Jerges Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, que este proyecto debe tratarse urgente en la primera sesión, si no es así sería cómplice de un golpe a la democracia boliviana. Alertamos a la población si no se da prioridad a este proyecto de Ley para subsanar semejante aberración nos vamos a movilizar. No vamos a permitir que la ALP se convierta en cómplice de una medida dictatorial”, advirtió.

El proyecto de Ley “Que Efectiviza la Censura a Ministras y Ministros de Estado”, en parte esencial señala: “Artículo 1.- (Objeto). – La presente ley tiene por objeto regular los efectos de la censura resuelta por el Órgano Legislativo establecida en el artículo 158 parágrafo I numeral 18 de la Constitución Política del Estado”

“Artículo 2.- (Regulación De La Censura). – I. La censura acordada por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme establece el artículo 158 parágrafo I numeral 18 de la Constitución Política del Estado, producirá la destitución de la Ministra o Ministro censurado.

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las veinticuatro (24) horas de que sea acordada la censura la comunicará al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, este en un plazo de veinticuatro (24) horas, destituirá a la Ministra o Ministro censurado.

III. En tanto el periodo de mandato del Presidente del Estado Plurinacional se encuentre vigente, la Ministra o Ministro censurado, no podrá ser designado en el mismo cargo y en la misma Cartera de Estado de la que fue destituida o destituido como efecto de la censura”

En este contexto, Egüez, condenó duramente la argumentación de, la Sala Constitucional Primera en La Paz, efectuada por el vocal Israel Campero, sobre quien pesan serias dudas de componenda con el Ejecutivo para evitar la fiscalización sobre el manejo de los bienes públicos.

La disposición judicial remite el amparo constitucional interpuesto por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que este emita fallo de tutela, o no, acerca de la prerrogativa de interpelación de la ALP, siendo que pudo ser rechazada en primera instancia por vulnerar la prerrogativa constitucional de fiscalización.

“El gobierno ha dado un paso funesto para la democracia que prácticamente nos está llevando a una dictadura. La Sala constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el magistrado Israel Campero, (pretenden) un golpe a la democracia por instrucción del gobierno nacional donde (…) le quita todas las facultades de fiscalización a los parlamentarios”, señaló.

Asimismo, recordó que el pueblo boliviano necesita conocer qué está haciendo el Gobierno en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, con los aportes a la Gestora Pública, con los planes de vivienda social.