Una Sala Constitucional suspendió las interpelaciones en el Legislativo. ARCHIVO
Un vocal de la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de La Paz Israel Campero suspendió la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de interpelar a los ministros de Estado. Diputados alistan una demanda por prevaricato.
Comunidad Ciudadana y el ala evista de la Cámara de Diputados anunciaron que interpondrán una demanda por el delito de prevaricato contra el vocal Campero y otros que hubieran actuado por encima de la Constitución al suspender las interpelaciones.
“El Gobierno del MAS ha dado un golpe a la democracia y a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El día viernes, a través de una resolución constitucional, ha cercenado la facultad de interpelación que tiene la Asamblea”, protestó el diputado Marcelo Pedrazas (CC).
Anunció que este lunes iniciarán un proceso “por prevaricato” de los jueces que se pronunciaron sobre el tema, que a espaldas de los interpelantes llevaron a cabo la resolución que “cercena” la facultad de fiscalización del Legislativo.
En esta misma línea, el diputado Daniel Rojas (MAS) afirmó “nosotros ya nos hemos constituido en querellantes, los vamos a denunciar a estos vocales como (Israel) Campero, por el delito de prevaricato”, sostuvo en declaraciones a la ANF.
Ve actuación “canallesca”
La atribución constitucional fue suspendida a causa de un amparo constitucional presentado por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a la que se sumarían varios miembros del gabinete de Luis Arce y que fue admitida por el vocal Campero.
El diputado oficialista, del ala “evista”, calificó la actuación de los vocales de “canallesca”, pero atribuyó este acto al Gobierno, específicamente al ministro de Justicia, Iván Lima, que hubiera procedido con la aquiescencia del presidente Luis Arce.
“Con esto ya es como ocho ejemplos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional está sometido al órgano Ejecutivo”, sostuvo Rojas, al considerar que es “inadmisible” que unos vocales se crean “supremos” para estar por encima del primer poder del Estado, al dejar en suspenso una atribución de la Asamblea.
Expresidente pide revisión
El expresidente de Bolivia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y agente ante la CIJ en el gobierno de Morales, Eduardo Rodríguez, manifestó que “Debe revisarse el diseño y desempeño del control judicial de constitucionalidad. Sus decisiones no pueden estar por encima de los preceptos de la CPE y menos por interés político”.
La facultad del Legislativo no está en cualquier libro o revista “lo dice la Constitución”, es una “violación en flagrancia” de la carta magna. “Ni en las peores situaciones de los neoliberales se había visto esta aberración jurídica”, aseveró el diputado Rojas (MAS).
Observan vínculos con el ministro Lima
También acusaron al Gobierno de no querer dar la cara para ser fiscalizados y que sus ministros quieren eludir rendir cuentas de sus actos al pueblo a través de las interpelaciones.
“Denunciamos que en esa acción de amparo han estado más de 20 funcionarios del Gobierno y del Ejecutivo, de distintos ministerios, esperando esta resolución para protegerse entre ellos y no rendir cuentas al pueblo cuando la asamblea los interpele”, cuestionó Pedrazas.
Rojas también vinculó a Campero con el exministro de Justicia y actual embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, de quien dijo que fue el hombre fuerte del gobierno de Morales, pero que ahora es otro de los que junto a su círculo le dieron la espalda y traicionaron.
Un ministro censurado
La Constitución dice que la ALP tiene como atribución: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o ministro”.
La única autoridad censurada fue el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, después de ese acto fue destituido, pero posteriormente el presidente Luis Arce lo volvió a posesionar. Hecho que fue considerado una afrenta del Ejecutivo al Legislativo.
