Es una satisfacción para Brújula Digital darle la bienvenida a Manuel Morales, un reconocido defensor de los derechos humanos y de la democracia boliviana.

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Cada día que pasa hay menos probabilidades de que se llevan a cabo las elecciones judiciales debido al incumplimiento de obligaciones por parte de los componentes de la Asamblea Legislativa. No hay acuerdo posible en torno al respeto de la idoneidad de los postulantes preseleccionados, peor aún considerando que cualquier decisión requiere dos tercios de los votos.

Al Movimiento Al Socialismo (MAS) parece no preocuparle la regla de los dos tercios, pudo sobrevivir a una Asamblea Constituyente regida por este principio de mayoría calificada el año 2006 y terminar pactando un texto constitucional en el Parlamento para su posterior aprobación por referendo constitucional el año 2009 (casi tres años después).

Si algo ha incumplido de manera absoluta el gobierno de Luis Arce es la reforma de la justicia. Una promesa al tiempo de posesionar a su ministro de Justicia, quién convocó a las famosas “cumbres de sus movimientos sociales” para diseñar reformas en la administración y composición de los diferentes niveles de la judicatura.

En realidad estas promesas de reforma de la justicia, en la esfera de la eficiencia, de la consolidación de la carrera judicial, de la capacitación y mejora de los recursos humanos, fueron reemplazadas por la instalación de una maquinaria judicial orientada a la represión y al sicariato, particularmente en materia penal.

Muy tempranamente, se instaló el relato del “Golpe de Estado” para sostener una serie de causas inventadas, sin fundamentos jurídicos, pero muy funcionales para detener y procesar a varios exfuncionarios del gobierno constitucional transitorio; ir a la persecución de líderes sociales y regionales (Comcipo, Adepcoca); y desbaratar movilizaciones sociales como las acontecidas en varios departamentos, pero de forma destacada en Santa Cruz a finales del 2022, culminando con la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Una evaluación somera de los resultados de la persecución judicial, el sicariato penal, las políticas de terrorismo de Estado implementados por la Policía, el Ministerio Público y los jueces seguramente es positiva para el gobierno. Para la ciudadanía, no.

La sociedad civil esperaba jueces nuevos, fiscales capacitados y designados legalmente (sin interinatos), el despacho de las causas en tiempos legales, imparcialidad, independencia de los operadores de justicia y que los factores económicos y de poder no interfieran en las decisiones judiciales.

El ministro Iván Lima no solo prometió “acuerdos de justicia para la reforma”, sino que asumió compromisos con organismos internacionales, como el Relator de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados, García Sayán; también lo hizo con los comisionados de la CIDH y la reiterada promesa de implementar las recomendaciones del GIEI de la CIHD. Nada de esto fue realizado.

Por el contrario, junto al Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dio a la tarea de oponerse y poner piedras en el camino para la iniciativa de recolección de firmas para la reforma de la justicia vía referendo constitucional, iniciativa de un grupo de juristas independientes.

Ahora que es el turno de los legisladores, al parecer la suspensión de las elecciones judiciales buscaría una salida autoritaria contra la Constitución Política del Estado consistente en una ampliación de mandato de magistrados, o ya en caso extremo, nombramientos vía leyes cortas o decretos supremos, que por supuesto constituirían una violación al ordenamiento constitucional y legal del país. Todo esto se operaría a través de la generación de un “vacío de poder”.

Como en el año 2019, nuevamente el MAS generaría un vacío de poder judicial. Anteriormente fue Evo Morales con su renuncia instruida a nivel del gobierno central y la Asamblea Legislativa Plurinacional; hoy, la suspensión del proceso electoral generaría un “vacío de poder en el órgano judicial” que debería ser resuelto “por cualquier vía”, según los gobernantes actuales. Así, nubarrones se ciernen sobre nuestra democracia, porque cualquier salida fuera de la CPE es sinónimo a golpismo.

Si la Asamblea Legislativa Plurinacional y el gobierno de Luis Arce no tienen la capacidad de garantizar el proceso constitucional de elección por voto popular de magistrados, tal vez se debería pensar en adelantar las elecciones generales del 2025, para que sea un nuevo gobierno el que resuelva esta problemática. 

Ya en la historia del país hubo gobiernos anteriores que declinaron los tiempos de sus mandatos para permitir adelantar elecciones y solucionar la crisis en las que se encontraban.