El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó el plazo del 4 de septiembre para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) le haga llegar la lista de los postulantes preseleccionados para la organización y realización de las elecciones judiciales en este año, de forma que en enero juren las nuevas autoridades electas.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, explicó que se requiere del plazo mínimo de 90 días para “garantizar el derecho al sufragio”, por lo que instó al Legislativo cumplir su rol constitucional y “llegar a acuerdos necesarios para emitir la convocatoria y un reglamento que pueda desembocar en una lista de candidatos y candidatas debidamente preseleccionados”.

“Se requiere un mínimo de 90 días para poder las acciones conducentes al proceso electoral, en tal sentido se ha pedido que hasta el 4 de septiembre se pueda hacer entrega de las listas de candidaturas para que este proceso electoral pueda llevarse adelante”, explicó en conferencia de prensa.

El proceso de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura está paralizado como consecuencia de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que obliga a los legisladores a aprobar todo lo concerniente a las justas judiciales por dos tercios de voto.

Ninguna fuerza política, MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), cuenta con dos tercios de legisladores. Las diferencias políticas hacen complejo que lleguen a consensos.

El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el reglamento y la convocatoria aprobadas por la Asamblea Legislativa para la preselección de los aspirantes a las elecciones judiciales e instruyó aprobar por dos tercios de voto la próxima ley y todos los pasos legislativos siguientes para elegir candidatos judiciales.

Un intento del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para consensuar una ley que reactive toda la labor naufragó y hasta el momento no hay visos de un acuerdo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó en RTP que el Legislativo debe cumplir con su mandato constitucional y entregar la lista de los 96 postulantes preseleccionados al TSE para que organice la elección judicial, la tercera de la historia de Bolivia.

“Tengo que ser respetuoso de la independencia de la Asamblea Legislativa y el 3 de septiembre o el 4 de septiembre va a tener que hablar el Órgano Ejecutivo, pero hasta esa fecha, hemos tenido claro el mandato del presidente (Luis Arce) de coadyuvar y ofrecernos para trabajar con la Asamblea Legislativa”, argumentó.

Sobre el proceso electoral, el vicepresidente del TSE aseguró que el Órgano Electoral realizó las “acciones necesarias previas para contar con una planificación a nivel de los tribunales electorales departamentales y a nivel de las direcciones nacionales”.

“Estamos preparados para ejecutar este proceso electoral, sin embargo, es una condición necesaria contar con los candidatos y candidatas debidamente preseleccionados por parte de la Asamblea Legislativa plurinacional”, enfatizó.

El mandato de los actuales magistrados fenece en diciembre de este año y las autoridades electas deberían jurar en enero de 2024.