En conferencia de prensa, Vargas recordó que el Órgano Electoral ya emitió un pronunciamiento en el que se hace referencia a los requerimientos técnicos y legales para poder organizar la votación en los Comicios Judiciales, haciendo énfasis en la necesidad de contar con noventa días, como tiempo mínimo para garantizar la transparencia del proceso.
“Se ha pedido que hasta el 4 de septiembre se puedan hacer entrega de las listas de las candidaturas para que este Órgano pueda llevar adelante, en el marco de sus atribuciones, todas las acciones necesarias para garantizar el derecho al sufragio del que gozan todos los bolivianos”, reiteró.
En ese sentido, instó a los representantes de organizaciones políticas que conforman la ALP a trabajar en la búsqueda de los acuerdos necesarios para poder, en primera instancia, emitir una convocatoria y un reglamento de preselección, para posteriormente poder conformar una lista de candidatos debidamente seleccionados.
“Esperamos que este Órgano del Estado, en el marco de sus atribuciones, pueda llegar dar cumplimento a los que establece la Constitución y la normativa legal vigente, desde el Órgano Electoral ya se han hecho todas las acciones necesarias previas”, dijo.
Vargas además precisó que el Tribunal Supremo Electoral está preparado para ejecutar este proceso, sin embargo, es necesario que el Legislativo cumpla con su deber de entregar las listas con los nombres de los candidatos habilitados para ser puestos a consideración del electorado.
En ese marco, instó a las bancadas de las fuerzas políticas que componen el Parlamento a priorizar la búsqueda de acuerdos que posibiliten efectivizar la preselección, y de esta forma, el TSE pueda arrancar con la organización de estos Comicios.
“Para que nosotros podamos cumplir la función electoral es necesario que la ALP pueda dar a este Órgano del Estado la lista de las 96 personas preseleccionadas. Con seguridad debe haber acuerdos desde las bancadas para garantizar que uno de los Poderes del Estado no tenga un vacío de poder”, añadió.
La autoridad electoral finalizó apuntando la necesidad de que las altas autoridades del Órgano Judicial ejerzan funciones con legitimidad y con legalidad, lo que conmina a la Asamblea Legislativa Plurinacional a “cumplir con su función” y entregar las listas de candidatos, en los tiempos ya antes referidos.
En criterio del senador oficialista, Luis Adolfo Flores, en la actual coyuntura, los plazos fijados por el TSE son prácticamente imposibles de cumplir, lo que hace necesario buscar otras salidas enmarcadas en la Constitución.
“Hay que analizar varias posibilidades, algunos hasta están hablando de la posibilidad de ampliar por dos o tres meses los mandatos de titulares o suplentes, eso hemos escuchado de algunos colegas, eso ya es inconstitucional”, señaló.
Sostuvo además que, los plazos señalados por el Órgano Electoral consideran el tiempo mínimo para organizar una elección de autoridades judiciales de manera correcta y transparente, sin embargo, la actitud de opositores al plantear el “voto por unanimidad”, demuestra que se busca una fórmula de “repartija” que evita un debate profundo en relación a esta problemática.
Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Pablo Arízaga, coincidió con su colega parlamentario sobre la inviabilidad para el cumplimiento de estos plazos.
“Inclusive estamos más lejos de la posibilidad de poder tener un reglamento, en este momento se demostró que no existe una voluntad política de los que están en función de Gobierno para poder encontrar consensos”, indicó.
Señaló además que si existiera esta voluntad política por parte del partido gobernante, se habrían efectuado todas las gestiones para que organizaciones políticas, instituciones cívicas, profesionales y otras instancias de la sociedad civil participen del proceso y no sea trabajado de forma unilateral.
Para el legislador chuquisaqueño, las cartas ya están echadas y las cosas claras, siendo evidente la falta de interés de poder aplicar reformas a la justicia, todo con la finalidad de mantener a una actual administración que responde a sus intereses.
“El Gobierno lo que siempre ha buscado es no llegar a las Elecciones Judiciales, pues les resulta cómodo tener personas subordinadas políticamente en esta función circunstancial, por lo que hablar de una posible renovación, creo que sería algo que está en contra de sus propios intereses”, sostuvo Arízaga.