El previsible fracaso de la elección de magistrados del Órgano Judicial del país puede ser considerado como uno de los más bochornosos que se registra en el orden constitucional contemporáneo. La elección de 94 funcionarios por vía electoral popular es un procedimiento establecido por capricho de un anterior jefe de Estado. Esa frustración debe ser tomada en cuenta para el futuro desarrollo nacional, de tal forma que las autoridades no vuelvan a caer en el mismo error, ya que sería una estupidez monumental.
La cadena de fracasos que ha sufrido la elección popular de magistrados no es |reciente. Nace desde que esa medida fue introducida en la Carta constitucional y puesta en aplicación contra viento y marea. Es necesario resaltar que la votación de magistrados en esa forma fue un experimento jamás realizado en otro país. El caso boliviano es una excepción, pese a que estaba condenado de antemano al resultado adverso.
El fracaso inicial de la elección popular de magistrados fue seguido por un rosario de errores. El primero de ellos fue incluirlo en la Constitución Política del Estado y, con otros, llevarlo a la práctica contra la resistencia pública y las advertencias de especialistas. Pero la ideología populista pudo más que la lógica y hasta del sentido común. La irracionalidad se impuso sobre el sentido común, lo cual trajo consigo un cúmulo de descalabros de nunca acabar, por lo que se advirtió que esa fórmula electoral de solución del asunto de los magistrados no era la tabla de salvación de la justicia del país.
En efecto, desde que se anunció que, según la CPE, debía irse de nuevo a la elección de magistrados por voto popular, la proposición se convirtió en fuente de críticas y advertencias para que no se repita el error. Pero, el empecinamiento de algunos altos funcionarios de Estado prevaleció, sin hacer caso a la opinión pública.
El embrollo no ha terminado y las autoridades aseguran que, de todas maneras, se tendrá magistrados mediante una elección popular. Además, todavía se deberá preseleccionar a los candidatos con una serie de procedimientos y someterlos a la consulta del pueblo, luego están el problema de las papeletas, la fecha de la votación y una serie de tareas.
Pero aun con el proceso electoral, ¿qué ocurriría si se produce una abstención espontánea? ¿Si la elección fracasa como en la primera vez? Además, se deberá pensar en el gasto del experimento, que pasará de los 170 millones de bolivianos y, finalmente, ¿el gobierno deberá nominar a los magistrados a dedo o ratificar a los actuales? ¡He ahí la cuestión!