La bancada del MAS presentó el pliego acusatorio en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada, Karem Gallardo y Georgina Amusquívar por la demora del fallo sobre las elecciones judiciales que paralizaron todo el proceso de preselección y elección de magistrados. Desde la oposición, el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, ve una ‘cortina de humo’. “¿Para qué procesarlos si esas autoridades ya están de salida?”, cuestionó.

“Se presentó la denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados después de la conferencia de prensa. El documento lo firmó el senador William Torrez y otros dos colegas porque la bancada en pleno del MAS no podía firmar, ya que seremos el tribunal cuando se sustancie el juicio”, explicó la parlamentaria del oficialismo
Gladys Alarcón.

Carlos Alarcón dijo “que es una cortina de humo para ocultar la falta de voluntad de ‘evistas’, ‘arcistas’ y del Gobierno para realizar las elecciones judiciales. “Se preocupan por procesar a magistrados cuando ya están de salida. El hecho de que pidan proceso es porque quieren sacar a los que no favorecen al ‘evismo’ y no les interesa cambiar. 

Debe quedar claro que el mandato de todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura concluye el 31 de diciembre, impostergablemente”.

Alarcón asegura que aún es posible realizar la elección en diciembre. “Con que los candidatos que cumplan los requisitos pasen directamente a votación o generando un proceso de transición, pero estos señores se deben ir a su casa sí o sí” a fin de año, dijo el opositor.

La senadora Centa Rek, de Creemos, opinó “que el ala ‘arcista’ se quiere quedar con los actuales jueces y magistrados para seguir sometimiento y persiguiendo a los opositores”. Coincidió en que los magistrados deben irse a fin de año.

El proceso de preselección y elección de magistrados está suspendido desde el 28 de abril, cuando el TCP emitió el auto constitucional 0186/2023-CA que paralizó el proceso hasta que este ente haga conocer una decisión final. Pese a los pedidos y la urgencia del tema, el TCP emitió su fallo el 31 de julio, al término del plazo legal de 45 días hábiles. De ese modo los tiempos para preparar la ley, las elecciones y la falta de acuerdos impidió todo trabajo.

“Los tres magistrados de manera malintencionada, burlando los intereses del pueblo boliviano incumplieron normas constitucionales. Estaban obligados a sortear el proceso de la Acción de Inconstitucionalidad presentado por el diputado Leonardo Ayala, de Creemos, en forma inmediata y se (lo) guardaron de manera injustificada, de mala fe por más de dos semanas”, acusó el senador Torrez.

Según la Ley 040 de Juzgamiento a Altas Autoridades, en el caso de los miembros del Órgano Judicial existe un procedimiento distinto al de los dos primeros mandatarios. La ley indica que la denuncia se debe presentar ante la Cámara de Diputados y esta derivará el documento a la comisión de Justicia Plural, que a su vez debe remitir el pliego al comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, que hará el papel de investigador del caso.

Una vez que se concluya con la etapa de investigación, la comisión sesionará para tratar el informe del comité y luego podrá remitir el mismo al pleno de la Cámara de Diputados que puede aprobar el inicio del juicio por mayoría. Si se aprueba el informe en Diputados, pasará al Senado que oficiará de Tribunal de Sentencia y será en esta instancia donde se realicen todos los pasos legales.