“La Justicia está pactada (…) me quieren ver entre rejas”, sostiene Rómulo Calvo, expresidente cívico, exconcejal y exalcalde de Santa Cruz de la Sierra. Se refiere a los, alrededor de 27 procesos en su contra y los dos que concluyeron, con una sentencia negativa para él. El más reciente tiene que ver con la expropiación de unos terrenos en la zona del Plan 3.000.

En entrevista con el programa "Influyentes", de EL DEBER Radio, Calvo manifestó que, entre 2002 y 2003, el entonces alcalde Roberto Fernández, mandó hacer un estudio técnico sobre esos terrenos, que en 1983 habían acogido a los sobrevivientes de la riada del Piraí. Sin embargo, 20 años después los moradores continuaban sin papeles y los dueños no habían recibido el pago por esos terrenos.

En octubre de 2004, Fernández renunció al cargo para habilitarse como candidato a las siguientes elecciones. Su puesto fue ocupado por Calvo, a quien le correspondió firmar el documento de expropiación. Sin embargo, el pago fue calculado por la Sociedad Boliviana de Ingenieros, institución que fijó el justiprecio, de acuerdo con el excívico.

“Si yo no firmo (firmaba) eso, voy (iba) a hacer incumplimiento de deberes, por un lado. Y, dos, si yo no firmo (firmaba) eso sí, voy (iba) a cometer un delito, porque no voy (iba) a proteger los bienes del Municipio. (…) Y bueno, lo firmé porque estoy (estaba) protegiendo de que los dueños anteriores no lo vendan, no lo hipotequen, no lo alquilen. Ese es el ‘delito’ que he hecho cumplir, porque estoy (Estaba) protegiendo la inversión del municipio.

Calvo señaló que en 2005 se le inició un proceso, en el que se demostró que no hubo daño económico.

“No hay ningún informe de Contraloría que diga que hay un daño económico, que hay sobreprecio, no; porque fue una decisión de una terna que se eligió entre la Sociedad de Ingenieros, fueron los que pusieron el justiprecio, entonces todo se cayó en su momento; se apeló y volvimos a ganar. Entonces quedó cerrado este proceso en el 2005. Cuando el 2020 comienza la persecución al presidente del Comité Pro Santa Cruz. Lo reabren”, refiere el médico.

Calvo defendió su inocencia y repite que ya fue absuelto por este caso: “Nos absuelven justamente de este proceso, porque no existen (pruebas de la comisión de supuestos delitos) durante todo este proceso, que ya ha durado 3 años. No se ha podido demostrar absolutamente nada porque no existe”.

Además denunció que, supuestamente, un funcionario público viene de La Paz para “ver todo mi proceso a manipular a todos los fiscales y jueces”. Calvo señaló el sistema judicial como parcializado y comprometido con intereses políticos.

Este viernes, a las 10:000, la jueza Gabriela Cuéllar Velasco va a leer la sentencia en extenso, sentencia que el abogado defensor de Calvo, anunció que apelará.

Calvo expresó su deseo de que acabe la persecución política y llamó a la ciudadanía a dar “muerte civil” a esos malos funcionarios que manipulan, que  la Justicia.