A tres semanas de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la convocatoria, el reglamento y la ley de las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa no muestra señales de diálogo y el proceso electoral se halla en el limbo.

En 23 días, desde la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060/2023, el 31 de julio, no hubo más acuerdo político que la conformación de una “comisión técnica” —de 12 miembros— cuya tarea debería ser proponer un proyecto de ley único para su consideración posterior con el fin de reencaminar los comicios.

Hasta ayer no se supo nada respecto de los aprestos por la consideración de alguna propuesta. Tampoco existe una convocatoria al diálogo de parte del vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, menos de los titulares de las cámaras de Senadores y de Diputados, que había expresado su expectativa por la comisión.

sesiones. “Si yo sería sincera, les tendría que decir que estamos en el limbo; pero eso no significa que nos demos por vencidos”, dijo ayer a La Razón Radio la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame.

Diálogo

Para las 09.30 de este miércoles fueron convocados los senadores a la sesión 176, cuya agenda no especifica la consideración o no de alguna propuesta. La semana pasada fracasó la modificación del orden del día por dispensación de trámite para la discusión del proyecto de ley presentado por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Mamani, con informe positivo de la Comisión Mixta de Constitución.

“Cada cámara tiene la obligación de continuar con su trabajo; no se puede dejar indefinidamente en suspenso algo que no ha dado ningún resultado”, insistió la senadora chuquisaqueña.

El TCP se dio el tiempo suficiente para emitir el fallo, a pesar de la premura de las elecciones judiciales no solamente advertida por miembros de la Asamblea Legislativa, sino también por vocales del Tribunal Supremo Electoral (TCP), como Dina Chuquimia, que dijo a La Razón que el caso es “prioridad de Estado”.

El 27 de abril, el TCP había admitido la acción abstracta de inconstitucionalidad de la convocatoria y el reglamento presentada por el diputado Leonardo Ayala, de la alianza Creemos. No solo eso, también dictó, como medida cautelar, la suspensión del proceso, que había avanzado con la recepción de postulaciones.

Tres meses después, la sentencia del TCP puso en “fojas cero” el proceso y también, “por conexitud”, abrogó la Ley 1513, del 5 de junio de 2023. Sin embargo, al presentar la decisión el 31 de julio, el presidente del tribunal, Paul Franco, aseveró que todos los procedimientos para viabilizar los comicios “deben ser aprobados necesaria e imprescindiblemente por dos tercios de voto” en la Asamblea Legislativa.

Salvo un primer intento de reunión de la comisión técnica el 9 de agosto, cuando la oposición denunció la ausencia de dos senadores del oficialismo, el diálogo político se frenó debido a las divergencias partidarias sobre las propuestas y la imposibilidad de conformar los dos tercios.

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Judiciales

Si bien CC se acoge a la sentencia del TCP sobre la necesidad de una definición del proceso en general con esos dos tercios, su propuesta incluso busca esa misma proporción en la instalación de las sesiones. “Todas las decisiones de las comisiones mixtas y el pleno de la Asamblea Legislativa se adoptarán por dos tercios de votos de los asambleístas presentes, una vez constituido el quorum legal con dos tercios de asambleístas computado sobre el total de sus miembros”, dice el proyecto presentado por el jefe de bancada de la alianza en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, y su colega Carlos Alarcón.

En una entrevista con la transmisión digital La Razón Radio, el senador del MAS Rubén Gutiérrez cuestionó la propuesta en relación a la formación de quórum tanto para la instalación de las sesiones como para la aprobación de los procedimientos. “El candado de seguridad, en términos políticos, que le permite su capacidad de veto a la oposición es precisamente los dos tercios”, dijo.

Entretanto, se mantienen sin alteraciones los plazos que el TSE hizo conocer el 14 de julio: la Asamblea Legislativa debe remitirle la lista de postulantes preseleccionados hasta el 4 de septiembre para garantizar elecciones judiciales el 3 de diciembre.