El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, que es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, enfrenta una denuncia por presunto acoso sexual que presentó Stephanie B. G. con una serie de hechos ocurridos desde fines de 2020 a mayo de 2023. La denuncia habla de supuestas extorsiones a menores de edad a cambio de trabajo y favores sexuales.

Al respecto, el legislador aludido en contacto con EL DEBER aseguró que la denuncia tiene elementos “absolutamente falsos”. Niega haber tenido algún tipo de relación con la denunciante y menos con menores de edad, señaló que los audios que lo implican pudieron ser manipulados y se abre a cualquier tipo de investigación en el Ministerio Público.

El hecho causó indignación entre legisladoras de las bancadas de oposición que exigieron a Jáuregui que renuncie a la Comisión de Constitución, incluso a su curul y se someta a una investigación imparcial. No obstante, Jáuregui subrayó que no va a renunciar y que seguirá al frente de diga instancia legislativa. Insistió en que sólo buscan dañar su imagen.

Juan José Jáuregui Ururi, es un diputado uninominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es representante del departamento de Oruro, tiene 45 años y actualmente cuenta con un rol protagónico por el tema de las elecciones judiciales porque preside la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es de la línea ‘arcista’.

La denuncia
El jurista cochabambino Lurwing Ledezma quien es el abogado defensor de la presunta víctima Stephanie B. G., informó ayer a EL DEBER que la denuncia se presentó ante la Fiscalía de Tiquipaya, Cochabamba el 4 de agosto, lugar de residencia de la denunciante, pero los supuestos hechos habrían ocurrido en la ciudad de La Paz, por lo que el Ministerio Público remitió los actuados a este distrito.

“De la relación fáctica de los hechos se puede advertir que el accionar del denunciado se subsume en los delitos de abuso sexual, beneficios en razón del cargo, tipificados y sancionados por el artículo 312, 147 del Código Penal”, se lee en la denuncia presentada en la Fiscalía de Tiquipaya.

No obstante, el 5 de agosto, la fiscal de Materia, Alejandra Mónica Quintanilla Lang, remitió al Juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar de Turno de Tiquipaya, la resolución de inicio de investigaciones contra Juan José Jáuregui Ururi, “por la presunta comisión del delito de acoso sexual”.

Según el abogado Ledezma, la denunciante le entregó una serie de pruebas entre imágenes, audios y videos con la supuesta voz del legislador, que acompañados con su testimonio dibujan a Jáuregui como un presunto extorsionador que pedía dinero y favores sexuales a cambio de trabajo en entidades estatales.

“Este señor empieza a ofrecerle cargos para que trabaje en la Asamblea Legislativa o en algún ministerio y es a raíz de eso que le pasa currículums y este señor empieza a exigirle sexo a cambio de los cargos. Ella accedió y fueron tres oportunidades en las que mantuvieron relaciones sexuales, pero este señor jamás cumplió aquellos extremos de dar trabajo”, afirmó el abogado Ledezma.

Según el Formulario Único de Denuncia, donde relata el hecho, Stephanie conoció a Jáuregui en enero de 2020 “en un lenocinio en el cual la denunciante trabajaba como administradora en el departamento de Oruro”, y le dijo que se convertiría en diputado “prometiéndole que le ayudaría a conseguir trabajo en cualquier institución pública a cambio de relaciones sexuales”.

Cuando el MAS ganó las elecciones y en noviembre de 2020, Jáuregui se posesionó como diputado, la mujer nuevamente lo buscó para pedirle trabajo prometido, no obstante, no logró ningún empleo. En mayo de este año, siempre según el Formulario Único de Denuncia, el legislador le habría pedido “conseguir damas de compañía de 16 o17 años de edad”.

A ello, el abogado Ledezma añadió que Jáuregui “pedía chiquillas de 16, 17 años a objeto de tener tríos sexuales”. El jurista llegó en las últimas horas a la ciudad de La Paz a denunciar públicamente a Jáuregui, donde exhibió imágenes, chats transcritos de supuestas conversaciones entre el legislador y la denunciante.

Ledezma dijo que en la ciudad de La Paz no se lo pudo notificar porque no lo encontraron en su oficina ni en su domicilio, “pero sí hemos presentado memoriales al presidente del Estado (Luis Arce), al presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, a los ministros de Justicia y de Gobierno”, refirió Ledezma.

Con estos memoriales, la defensa de Stephanie pide a los órganos Legislativo y Ejecutivo que el diputado Jáuregui sea sometido a un proceso administrativo, sea destituido de la presidencia de la Comisión de Constitución, incluso que sea alejado de su curul parlamentario para que asuma defensa en el proceso penal ordinario en la Fiscalía.

Hasta la fecha el Ministerio Público emitió al menos diez solicitudes de requerimientos a distintas instancias, entre ellos al Tribunal Supremo Electoral para que remita una copia legalizada del certificado de designación como diputado. Otro requerimiento es de “medidas de protección” para Stephanie B. G., es decir, la Fiscalía le prohíbe a Jáuregui acercarse a la denunciante o tener cualquier tipo de contacto con ella.

Respuesta de Jáuregui
Jáuregui, que es presidente de la Comisión de Constitución, en contacto con EL DEBER desde Oruro, negó rotundamente la acusación en su contra. Dijo que están mellando su dignidad, afirmó que lo único que buscan es alejarlo del trabajo legislativo que realiza y dañar su imagen. 

Además, aseguró que se someterá a cualquier investigación que inicie el Ministerio Público en su contra.
“Debo señalar que los extremos que están siendo esgrimidos en esta denuncia son absolutamente falsos. Es una denuncia calumniosa, es una denuncia temeraria, con la que lastimosamente se pretende judicializar la labor que vengo desarrollando”, dijo el parlamentario.

Jáuregui recordó el principio constitucional de “presunción de inocencia” hasta conocer el resultado de las investigaciones que aún no empiezan. Por lo tanto, el legislador dijo que “no es admisible que se pretenda a sola denuncia separar a un asambleísta (de su cargo) vulnerando su derecho a la defensa”.

En ese marco, aseguró que “no se escudará en su investidura” como parlamentario y va a acudir a todos los actos procesales que instruya el Ministerio Público. “Bajo el principio de legalidad estaré a disposición de cualquier autoridad para que se investigue”.

¿Usted conoce a Stephanie B. G.?, consultó este medio al legislador a lo que Jáuregui aseguró que no la conoce, pero “probablemente” sostuvo algunas conversaciones o llamadas porque su número personal está publicado en sus redes sociales “a disposición de cualquier ciudadano”. 

Incluso abrió la posibilidad de que pudo haber sostenido alguna conversación con la denunciante, “pero haber sostenido una conversación de la naturaleza que se está divulgando, en lo absoluto. No se ha sostenido ningún tipo de conversación”, dijo y agregó que esos supuestos audios que lo incriminan, podrían haber sido manipulados por lo que deben someterse a estudios tecnológicos.

Pedidos de renuncia
Indignadas y molestas, así reaccionaron las legisladoras de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos que exigieron que se investigue y procese al presidente de la Comisión de Constitución, dentro el Legislativo y también por la vía ordinaria.

“Él debe ser expulsado o tiene que renunciar. Lo que tiene que hacer primero es dar la cara, someterse al proceso penal correspondiente y la justicia determinará si es culpable o no, pero en este Parlamento, esos audios, esas fotografías que han circulado en redes son inadmisibles. Eso no puede pasar”, dijo la senadora Andrea Barrientos, de CC.
La diputada de Creemos Kaline Moreno pidió al diputado Jáuregui que por respeto a las mujeres del país, renuncie a su cargo. Adelantó que su bancada presentará una denuncia en su contra.

“Le digo al diputado Juan José Jáuregui que por moral, por ética y por respeto a las mujeres bolivianas, se haga a un lado de su cargo como diputado nacional. No podemos tener esta clase de legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es una falta de respeto para la lucha contra la violencia”, dijo Moreno.

En respuesta, el legislador Jáuregui aseguró que no va a renunciar a la presidencia de la Comisión de Constitución y mucho menos a su cargo como parlamentario nacional.

“Claro que voy a continuar mi trabajo en el Legislativo, no hay ninguna razón para separarme porque todas esas denuncias son falsas”, dijo Jáuregui.

De su lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que tiene conocimiento del hecho a través de los medios, además que recibió una carta de la presunta víctima con la que se reunirá en los próximos días y adelantó que la denuncia penal se investiga en la Fiscalía de La Paz. Negó que el Gobierno de Luis Arce brinde “protección” al legislador oficialista.