El expresidente de Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo y el exalcalde cruceño Roberto Fernández fueron sentenciados ayer a cuatro y cinco años de prisión, respectivamente, bajo cargos de daño económico al Estado e incumplimiento de deberes por un caso que data de 2005 y que fue reactivado en 2020, luego de un fallo absolutorio.

El dictamen, emitido por la jueza de sentencia Gabriela Cuéllar, será leído en su integridad este viernes. Luego, la defensa tendrá 15 días para apelar la decisión judicial. Si aun así se confirma el dictamen, Calvo y Fernández pueden ser encarcelados, admitió el abogado Martín Camacho, quien patrocinó al exlíder cívico. 

El jurista consideró que el fallo no está fundamentado porque su defendido ya había sido excluido de este proceso legal.

“Este es un juicio que data de 2005; son 18 años de proceso. Rómulo tiene una sentencia absolutoria, primero y luego se abre un nuevo juicio en 2020. Luego de tres años de proceso, a instancias del Viceministerio de Transparencia, la jueza Gabriela Cuéllar Velasco ha dictado una sentencia condenatoria”, señaló Camacho al término de la audiencia de ayer.

El caso está relacionado con un proceso de expropiación de un terreno de 55.162,64 metros cuadrados ubicados en el Plan Tres Mil y que fueron adjudicados a un grupo de las 3.000 familias damnificadas de las inundaciones de 1983, en año en el que, precisamente, nació el Plan Tres Mil. 

“Recibieron la sentencia condenatoria por la expropiación de unos terrenos del Plan Tres Mil, que beneficiaron a las personas afectadas por la riada en 1983. Esta expropiación se inició hace más de 40 años, cuando Calvo tenía solo 8 años de edad. Su única participación fue firmar los protocolos de pago a los dueños originales de estas propiedades”, dijo Camacho a EL DEBER.

Anunció que, una vez notificados, presentarán una apelación contra lo que consideran una sentencia “injusta e incongruente”, parte de lo que perciben como amedrentamiento por parte del Gobierno del MAS.

 “Estamos a la espera de la notificación de la sentencia, programada para el viernes. Tenemos 15 días para presentar el recurso de apelación. Esperamos que esta resolución injusta e incongruente sea revocada, considerando que existen dos resoluciones absolutorias”, afirmó el jurista, quien consideró que la decisión judicial puede poner en duda el derecho propietario que tienen las familias que viven en esos terrenos del populoso barrio.

De acuerdo con la relación de los hechos leídos en el fallo, Fernández y Calvo realizaron una operación de compra-venta de un terreno en el Plan Tres Mil con una superficie de 55.162,64 metros cuadrados a $us 25 por cada metro cuadrado. La acusación de la Fiscalía señala que el precio cuando comenzó el proceso era de $us 8 por cada metro cuadrado. 

Esta es la segunda sentencia en contra del excívico. En junio, Calvo fue sentenciado a dos años de prisión por los delitos de difusión e incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales como parte del caso Wiphala. Fue condenado a pesar de que no estuvo en el lugar de los hechos que motivaron la denuncia. En este caso, no fue enviado a prisión, pero quedó inhabilitado para cargos públicos o de alguna representación política.

“Además, estoy imposibilitado de ejercer como médico, porque se han empecinado en tenerme todos los días en el Palacio (de Justicia)”, dijo Calvo tras la primera sentencia. Entonces, señaló que sufre una presión psicológica, física y económica. “No me dejan ejercer mi profesión, que es mi sustento y el de mi familia. Ahora, estoy más dedicado a defenderme de todos los procesos, que ninguno de ellos tiene un sustento legal. Tenemos una justicia sometida política”, remarcó Rómulo Calvo.

“Impusieron una forma jurídica, fueron pasibles a la presión política que estaba presente a través de los diputados”, dijo al referirse a las decenas de procesos que tienen en su contra y de los que ahora debe defenderse. En total existen 33 causas abiertas en su contra y todas ellas cobraron mayor fuerza desde febrero de este año, cuando dejó de ser dirigente.

“Hoy una vez más hemos sido sometidos al servilismo político de parte de la jueza Gabriela Cuéllar Velasco, dictando una sentencia irracional, incongruente y política”, expresó Calvo a través de sus redes sociales, una vez que conoció esta segunda sentencia emitida en su contra en menos dos meses.

 Apuntó a la jueza Cuéllar de poner en duda su capacidad para asumir un cargo y por “jugar con la vida, la libertad, la familia, salud y la economía de las personas” que caen en su juzgado.

Calvo fue alcalde interino en 2005 y firmó unos documentos de expropiación y pagos de unos terrenos para beneficiar a los damnificados de la riada en 1983, asumiendo tal decisión ante el mandato del Concejo Municipal.

Indicó que a pesar de haber obtenido dos resoluciones absolutorias en el proceso, el Viceministerio de Transparencia reactivó el caso hace tres años, coincidiendo con la asunción de Calvo como presidente del Comité pro Santa Cruz. Su gestión estuvo marcada por movilizaciones de protesta ciudadana contra las políticas del Gobierno y por la exigencia de un censo oportuno para que mejoren los ingresos regionales de acuerdo con la cantidad real de habitantes que existen en Santa Cruz.

En la misma publicación, el exlíder cívico afirmó que es momento de dar “muerte civil en la sociedad cruceña a estas personas vestidas de jueces”. “¿Hasta cuándo vamos a tolerar a este tipo de administradores de Justicia? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar a una Justicia sometida al poder ejecutivo?”, cuestionó Calvo.

EL DEBER intentó comunicarse con Roberto Fernández para conocer su versión; sin embargo, el mismo no atendió el requerimiento periodístico hasta el cierre de la presente edición.

El diputado Anyelo Céspedes (MAS) “saludó la decisión de la Justicia”. Aseguró que no se puede opinar sobre el fallo, porque se trata de una decisión que asumió la Justicia “que ha dado un fallo”.

El Comité pro Santa Cruz no había emitido ningún pronunciamiento público hasta el cierre de la presente edición. Se espera que hoy se fije una postura respecto a este fallo judicial contra Calvo.