El movimiento cívico de Bolivia exige al gobierno de Luis Arce viabilizar la convocatoria a elecciones judiciales para este año y abrir un debate sobre el nuevo pacto fiscal tras el Censo de Población y Vivienda en 2024.

"Son temas prioritarios, al igual que el Censo de Población, en la agenda de las instituciones cívicas", confirmó el vocero y coordinador de los Comités Cívicos, Adrián Ávila.

El dirigente explicó que se demandan las elecciones judiciales para evitar que el Gobierno central siga controlando la justicia, con el fin de continuar la persecución política y el enjuiciamiento de líderes cívicos o políticos opositores.

Además, dijo que existe el riesgo de la inhabilitación de candidatos en las elecciones generales del 2025.

Sobre el pacto fiscal, Ávila cuestionó que el actual gobierno no tiene la intención de debatir la redistribución de los ingresos económicos del Estado.

"No quiere hablar del tema porque quieren seguir administrando el 90% de los ingresos y ahora se menciona de un reajuste para el 2024 con una disminución a las Gobernación, Gobiernos Municipales y Universidades, pero el gobierno no reduce sus gastos y más bien los acrecienta", expresó.

En su criterio, hay necesidad del pacto fiscal para que el 50% sea manejado por el Gobierno y el restante 50% se redistribuya entre las entidades subnacionales.

Agregó que la nueva arquitectura fiscal están orientada a profundizar la autonomía en cada departamento del país y se cumpla con las competencias para atender las demandas sociales de la población.

El movimiento cívico del país tiene programado retomar la discusión de estos temas en un encuentro nacional a desarrollarse la próxima semana en Tarija, Cochabamba o La Paz.