Los campesinos del país están divididos. Después de tres jornadas de un accidentado encuentro que se realizó en la ciudad de El Alto, el Congreso terminó con centenares de heridos y dos dirigencias, una afín al presidente Luis Arce y otra conformada por quienes apoyan al jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.

La pugna llegó a tal extremo entre estas dos facciones, que los afines a Evo Morales dieron un plazo de 72 horas al Gobierno y a la Policía para que les entreguen la sede sindical que se encuentra en la zona de Miraflores, La Paz.

Desde el primer día del Congreso hubo enfrentamientos entre los “arcistas” y “evistas”, que culminó este domingo con gasificación de por medio. Ambos frentes se culpan por la violencia y, según sus líderes, se eligió a los representantes de este sector.

Lucio Quispe es, según los seguidores del presidente Luis Arce, el nuevo Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia; mientras que para los “evistas”, Ponciano Santos Cruz es el legítimo representante del sector.

En estas peleas internas entre autoridades y dirigentes del MAS, quienes más pierden son las bases de las diferentes organizaciones sociales, en este caso de los campesinos.

Lo innegable es que, sin importar lo que argumente cada uno de los sectores enfrentados, la división ha calado hondo en esta organización social, por culpa de intereses de sectores políticos, oportunistas y personales, que solo buscan concentrar más poder, contar con más apoyo, siempre con la mirada puesta en las elecciones de 2025.

Un conflicto similar ocurrió, por ejemplo, con los cocaleros de los Yungas de La Paz, cuando dos dirigentes se disputaron por hacerse de la directiva; un sector afín al Gobierno, y otro disidente.

En el caso de los cocaleros, donde además de disputarse la legitimidad de la dirigencia, estaba en entredicho la legalidad del mercado para la hoja de coca, lo que provocó duros enfrentamientos con varios heridos, algunos de extrema gravedad.

El conflicto entre los cocaleros se arrastra desde el año 2021 y tuvo su mayor grado de violencia entre agosto y septiembre del año pasado cuando los dos bandos se enfrentaron incluso con dinamita.

Lo ideal sería que en las organizaciones sociales no haya injerencia política del Gobierno ni de los partidos políticos para que las bases de cada una de ellas decidan por sí mismas a sus dirigentes.

Los dos sectores enfrentados, en el caso de los campesinos, piden que se trabaje en unidad, pero eso será difícil conseguir si desde trincheras políticas se sigue provocando la división, que no trae nada edificador, solo retroceso en estas organizaciones sociales.