En las redes sociales del Ministerio de Gobierno y del titular del área, Eduardo del Castillo, circularon, entre enero y junio de este año, imágenes e identificaciones de al menos 58 personas que son sospechosas de haber cometido algún delito. Esta práctica es una “vulneración directa a la presunción de inocencia” y, por tanto, a la institucionalidad democrática que se ha “debilitado” y “violado sistemáticamente”, de acuerdo con un reporte del Observatorio de Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

El reporte de este Observatorio da cuenta que entre enero y junio del presente año se han registrado un total de 248 vulneraciones a las libertades fundamentales en Bolivia. De esta cifra, 105 corresponden a la institucionalidad democrática, siendo la categoría con mayor número de casos. Le siguen el derecho a la protesta con 61 casos, la libertad de prensa con 46; la libertad de expresión con 28, los derechos de los defensores con cinco, la libertad de asociación con dos y la libertad de reunión con uno.

Sobre la institucionalidad democrática, ésta tiene que ver “con un sistema de equilibrios y límites al poder, que garanticen la separación e independencia entre los órganos y el cumplimiento efectivo de las normas que regulan al aparato estatal, entre otras”. Los 58 casos de exhibición de personas presuntamente vinculadas a algún ilícito, tanto ante los medios de comunicación como en las redes sociales del Ministerio de Gobierno, son la muestra de una “clara desatención a la tutela de derechos fundamentales y a procedimientos básicos establecidos por ley”, resalta el reporte.

“La recurrencia de estas violaciones y la exacta similitud con la que se efectúa, a pesar de las reiteradas críticas y denuncias, muestran una inobservancia sistemática a la presunción de inocencia. Es más, en ningún caso estas actividades supusieron alguna sanción efectiva y menos la activación de algún mecanismo de reparación a los daños ocasionados a las víctimas”, se observa en el informe.

Los 105 casos de vulneración a la institucionalidad democrática se desglosan en actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos (62 casos), procedimientos no basados en la norma (19), corrupción de autoridades (15), independencia institucional (7), procesos no adecuados a la elección de autoridades (1) e independencia personal (1).

Casos como la ampliación a la detención preventiva de los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca de La Paz, o la actuación irregular de funcionarios del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz en el envío de droga a España en un vuelo de la estatal Boliviana de Aviación, o casos de corrupción que implican a fiscales y jueces, entre otros, están registrados como actos vulneratorios de la institucionalidad democrática.

Libertad de reunión y derecho a la protesta

Por otra parte, en materia de libertad de reunión y el derecho a la protesta son en total 62 casos registrados entre enero y junio de este año. Los 41 heridos que han provocado manifestaciones como las protagonizadas por los maestros urbanos en la ciudad de La Paz o las acontecidas en Santa Cruz, luego de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, son las que resaltan en esta categoría.

“Estos casos exponen la incapacidad gubernamental para establecer canales de diálogo que prevengan los conflictos, así como de ejecutar procesos de resolución de conflictos que permitan gestionar y limitar sus impactos negativos”, destaca el reporte del Observatorio de UNITAS, con relación a estos episodios.

Además de los 41 casos de heridos, en esta categoría el resto de los casos están contemplados en represiones a una protesta (9 casos), incumplimiento al deber de protección (3), impedimento de una protesta (3), detenidos (2), criminalización o judicialización de una protesta (1), actividades de inteligencia encubierta (1), muertos (1) y obstaculización de reuniones temporales de carácter pacífico (1).

Libertad de expresión y libertad de prensa

Los casos de vulneración a las libertades de expresión y de prensa suman en total 74, siendo las estigmatizaciones proferidas por autoridades y las agresiones a periodistas los casos de mayor renombre en estas categorías.

“La situación de los periodistas y trabajadores de prensa en el país, en tanto personas defensoras de derechos humanos, es alarmante. La extensión, frecuencia e intensidad de estos sucesos, a lo largo de los últimos años demuestra no sólo la situación de indefensión generalizada en la que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos en el país, sino también la impunidad con la que operan los agentes que cometen las violaciones”, destaca el informe.

Casos de agresión a periodistas, como las acontecidas el 10 de enero de este año en la ciudad de La Paz, cuando siete periodistas y tres camarógrafos fueron agredidos, en su mayoría, por grupos de choque del MAS, o las agresiones que periodistas recibieron de parte de policías en Santa Cruz, en las protestas por la detención de Camacho, forman parte de los registros de vulneración en estas categorías.

El registro total de casos que atentan contra ambas libertades tiene la siguiente relación: heridos (41 casos), casos de estigmatización general (16), agresión a periodistas (14), incumplimiento al deber de protección de periodistas (11), impedimento de acceso a la información de periodistas (9), amenaza a periodistas (6), agresión por libertad de expresión (5), violación a la reserva de fuentes de información (3), ataque a un medio de comunicación (2), amenazas por libertad de expresión (2), atentados contra discurso de interés público (2), estigmatización de periodistas (1) y criminalización (1).

Derechos de los defensores y libertad de asociación

Las categorías de derechos de los defensores y la libertad de asociación han registrado, en total, siete vulneraciones en el primer semestre de este año. Respecto al primero, la no protección de personas defensoras en situaciones de riesgo ha identificado dos casos, el principal: la toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por un grupo paralelo encabezado por Edgar Salazar, tildado de ser afín al Movimiento Al Socialismo.

“Se debe advertir sobre el estado crítico de los derechos de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos (…). En específico, es sumamente alarmante notar cómo en los últimos años, los ataques se centran en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, y en particular, en su presidenta, Amparo Carvajal”, resalta el informe.

El caso de la APDHB se traslada también al ámbito de la libertad de asociación, a la categoría de suplantación y división de una organización, al estar sometida en diferentes momentos a ataques y acciones en contra de su funcionamiento, en la que “el Estado no ha activado sus mecanismos de protección, como lo establecen sus obligaciones internacionales en la materia, evidenciando el peligroso grado de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las organizaciones defensoras de derechos”.

Si desea leer y/o descargar el informe semestral enero-junio del Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, puede hacerlo ingresando a este enlace: https://redunitas.org/download/informe-semestral-enero-junio-de-2023/