El proceso de preselección de magistrados para los órganos judiciales, no solo está marcado por autoengaños,frivolidades y declaraciones sin sentido, sino que es un serio embate contra los mandantes y la democracia boliviana.

Desde el ejecutivo tampoco se ha ideado una fórmula para salir del empantanamiento; por el contrario, se acusa a Patricia Arce presidenta de la Comisión de Constitución del Senado de ser la impulsora de introducir el proyecto de ley que amplía la prórroga de mandato de los magistrados hasta el 30 de enero de 2024.

En lugar de reivindicar un espíritu renovador que conduzca a un gran pacto constitucional y de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se sume la fuerza política que apoya las políticas del gobierno de Arce Catacora, lamentablemente, desde el ministerio de justicia dan una nota nada creíble de sus acciones. 

Bastará recordar el fracaso de la Comisión nacional para reformar la justicia y el desafío de la independencia judicial, y que nada armoniza con aquella frase vertida por el titular de dicha cartera cuando enfatizó: “El eje que tiene que marcar la justicia es que una persona vaya a los tribunales del país con un caso y salir con la victoria que le dé el derecho y no su billetera, no el factor político, no el factor mediático” (09-11-2020).

Es el momento en que los legisladores den pie a aquellos años en los que imperó el respeto, la convivencia y, sobre todo, el consenso. Se sabe que la Constitución y las leyes se pueden reformar, pero fuera de la Constitución no cabe nada, dijo la presidenta del Congreso español (2018).

Ese respeto por la Constitución está hondamente asentado en las posturas políticas, en las actitudes e incluso en asumir con aquello que de inicio no es convergente, lo que es comprensible, si la “renuncia es en aras del acuerdo común” y en interés de la nueva justicia que el pueblo boliviano demanda a sus representantes.

Un hecho que llega hasta el hartazgo y la vergüenza de la imagen del sistema de gobierno y del Estado, es el narcotráfico, con la presencia en Bolivia del primer cartel uruguayo (PCU) encabezado por Sebastián Enrique Marset buscado por la Europol, Interpol, DEA y a remolque la policía boliviana y la aprehensión de Elbio Horacio Perini, este último con mandamiento de detención preventiva con fines de extradición desde mayo de 2022, así como de Diego Marset hermano del prófugo principal involucrado en las finanzas del negocio.

Esta organización criminal globalista que ha convertido a Bolivia en paraíso de la droga exportando por toneladas clorhidrato de cocaína a países de África, Europa, Asia y América no debe quedar impune y los legisladores tampoco pueden permanecer escépticos ante semejante crimen internacional. Por ello, este nuevo elemento que a todas luces revela tolerancia, ineficacia y omisión del ejecutivo, policía, fiscalía y de la justicia que mira a otro lado cuando se trata de pedidos de extradición y que por cierto casa con la dignidad de las personas y la salud pública, sin duda que “la inercia en la preselección de magistrados no puede perder fuelle”, ante el rechazo en el senado de la reinstalación del debate del proyecto de ley 144 que regula la preselección de candidatos para las elecciones judiciales (15-08-23), sin previo consenso con las jefaturas de bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos.

Para no volver a caer en el falso debate percibido como estimulante de uso habitual en el Movimiento al Socialismo, se propone se invite a los expresidentes del Congreso de los últimos 40 años de democracia, para encontrar acuerdos en relación a la parte estructural de la ley de preselección y evitar que sean prorrogados los actuales magistrados, se designen interinos por cualquier vía o, se consulte al Tribunal Constitucional Plurinacional para interpretar la Constitución y desarrollar el concepto de cooperación entre órganos. De esa forma, esperemos que la reflexión y experiencia de los participantes hagan de puente y faciliten un acuerdo que satisfaga los mejores intereses para los bolivianos.

No olvidemos que el país está pidiendo a gritos que dejemos a un lado todas estas guerras tribales y que los actuales magistrados de los órganos judiciales fenecen en su mandato constitucional el 31 de diciembre y no pueden ejercer jurisdicción fuera de los límites que señala la Constitución (Artículo 183.I CPE). Tampoco el legislativo, el ejecutivo ni el electoral pueden romper de facto el candado que el constituyente ha introducido para reformar la Constitución total o parcialmente (Artículos 410 y 411 CPE), y menos volver a rebobinar los decretazos.

El profesor Pérez Royo, Javier dice: “El legislativo es el portador institucionalizado del principio de legitimidad democrática y es, en consecuencia, el indicador del estado de salud de toda democracia parlamentaria digna de tal nombre”.