La decisión de detener preventivamente al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, en la cárcel de San Pedro de La Paz significó también conocer el detalle de la imputación formal que hizo el Ministerio Público como parte de una investigación conjunta con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Por una parte, la imputación sorprendió porque llegó más allá de lo que se conocía sobre el bullado caso de las 41 ambulancias, pero, por otra, confirmó las conclusiones a las que llegó el diario El Potosí tras investigar varios hechos irregulares en la Gobernación durante la gestión de Mamani.

Estos son los hechos establecidos con las investigaciones periodísticas:

1. HUBO DOLO EN EL CASO AMBULANCIAS. El intento de compra de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí está plagado de irregularidades. Los indicios apuntan a señalar que se formó una organización criminal que tenía el propósito de obtener beneficios económicos con esa compra con la diferencia o sobreprecio del valor real de cada vehículo y el monto que se estaba pagando.

2. RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR. El principal responsable del intento de compra de las 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí es Jhonny Mamani, es decir, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). El artículo 32 del Decreto Supremo 0181 y el parágrafo tercero del artículo 2 del Decreto Supremo 4432 establecen, de manera expresa, la responsabilidad de las MAEs. 

3. LA NATURALEZA DEL CONTRATO. El contrato para la compra de las 41 ambulancias fue adjudicado de manera directa, sin licitación, porque así lo permite el Decreto Supremo 4432, promulgado por el presidente Luis Arce para compras de equipos e insumos médicos sin licitación como emergencia del rebrote del covid-19. Pero allí se establece, expresamente, que estas normas “son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de la entidad contratante”. Por eso Mamani debió ser acusado por la Fiscalía de Potosí, algo que no ocurrió.

4. LAVADO DE DILIGENCIAS. Por lo apuntado en los dos párrafos precedentes se sospecha de que el requerimiento conclusivo de las fiscales Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna, a cargo de este caso, estaría orientado a liberar de responsabilidades al gobernador Mamani, pese a que la norma expresa y especial lo señalan como responsable.

5. DEVOLUCIÓN SOSPECHOSA. Aunque el Gobernador y su entorno acuñaron el discurso de que no hubo daño económico, porque no se pagó por las 41 ambulancias, sí hubo depósitos de dinero a la cuenta de la Gobernación, a título de restitución del inexistente daño económico. Seis exfuncionarios y funcionarios depositaron montos que, sumados, llegaron a 1.435.000 bolivianos. Esto fue publicado en agosto del año pasado.   

6. LA CONEXIÓN PAKISTANÍ. Las investigaciones permitieron encontrar la presencia de un pakistaní en las negociaciones para la compra de las ambulancias, Muhammad Kashif Ilyas, que aparece en una foto junto a Osvaldo Mariscal, uno de los tramitadores de la empresa Stefals Logistics.

7. INVOLUCRADOS, PERO NO INVESTIGADOS. Se determinó que Osvaldo Mariscal no era funcionario de la Gobernación, pero sí el enlace con Stefals Logistics y otras dependencias como la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), regional Potosí.

8. OTROS CASOS. El diario El Potosí identificó otras compras de vehículos que la Gobernación potosina sí hizo a Stefals Logistics: una vagoneta para el despacho y automóviles para la Policía (Felcv y Seguridad Ciudadana).

Así se cierra la primera fase del trabajo sobre las 41 ambulancias: con investigaciones periodísticas confirmadas por instancias públicas.