La demanda planteada en contra del expresidente Evo Morales es de carácter personal y no compromete al Gobierno ni al Ministerio de Justicia, porque es un tema privado y responde a que se afectó su honor, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Saben que los delitos de difamación, calumnia e injuria pertenecen al ámbito privado. Es un tema privado, es un tema que no es del Gobierno nacional ni del Ministerio de Justicia, quiero dejarlo establecido, es un tema que voy a asumir a título personal como Iván Lima porque se ha afectado mi honor”, insistió.

Lima habló del tema ante preguntas de la prensa, pero explicó que a partir de ahora solo lo hará a través de sus redes sociales porque es un tema de índole personal.

Morales afirmó el domingo que un bufete de abogados relacionado con Lima (Lima&Asociados), fue contratado para una demanda en contra del Estado. “Gran negocio, me informaron desde ahí adentro, en detalle, cómo el ministro estando de ministro, haciendo procesar al Estado por 35 millones de dólares, eso es mínimo 10% para el bufete, va a ser 10 millones de dólares y va a ganar”.

Inmediatamente después Lima desmintió las declaraciones del expresidente y anunció un juicio penal.

Sobre los delitos enumerados por Lima, el artículo 282 del Código Penal establece sobre la difamación: “El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad, o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días”.

El artículo 283 refiere que se incurre en calumnia cuando “por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años, y multa de cien a trescientos días”.

Mientras el artículo 287 prevé que comete injuria el que “por cualquier medio y de un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cíen días”.

Lima insistió que la decisión es personal y no tuvo que ser consultada con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca o el gabinete ministerial.

“Tengo el derecho legítimo de establecer judicialmente la responsabilidad de quienes han intentado menoscabar el honor y el prestigio que he labrado durante toda mi carrera. Debiendo quedar claramente establecido que es una decisión personal y de acción privada”, explicó en un post en su cuenta en X.

Como ya lo había hecho, reiteró que dejó el ejercicio privado de su profesión cuando asumió como Ministro de Justicia, en noviembre de 2020.

“Mi compromiso de prestar servicio a mi país me llevó a abandonar el sector privado, lamento que las difamaciones de las que he sido objeto, hayan pretendido afectar la imagen de esa Sociedad, a pesar de ya no formar parte de ella”, afirmó.