En tiempos cuando solo hay incertidumbre respecto de la elección de autoridades del Órgano Judicial, detenida por acción (o falta de esta) de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debate parece obsesivamente concentrado en lo que se hace y se deja de hacer en el Legislativo, y nada se dice de lo que podría pasar y de los costos que habrá.

No se trata solo de identificar quién tiene más qué ganar (o qué perder) con la elección de autoridades del Judicial, tarea a la que se abocan con entusiasmo los sectores más identificados con las fuerzas políticas con representación parlamentaria, incluyendo a los operadores mediáticos de la oposición, sino de evaluar el costo que el actual estado de cosas tendrá para la democracia, para el Estado y para la población boliviana.

El primero y más evidente de ellos es la paulatina pérdida de confianza en las instituciones del Estado. No es que la corrupción en el sistema de justicia boliviano sea algo nuevo, ni siquiera de los últimos 17 años (recuérdese un adagio popular en las últimas décadas del siglo XX: “cuídate de… la justicia boliviana”), pero sí que se ha llegado a un estado tal de cosas que es posible imaginar que al menos uno de los tribunales supremos del país conspira para evitar la elección y la renovación de sus autoridades, lo cual, además, es un mandato constitucional.

Otro de los costos tiene que ver con la impunidad generalizada. Casi sin excepción, las y los abogados reconocen que siempre hay vías “alternativas” para resolver casos y procesos judiciales: con dinero es posible casi todo. Aquí ya no se habla de cuánto dinero puede embolsillar un juez o sus colaboradores, sino de lo que le cuesta a la sociedad tener delincuentes y criminales libres e impunes gracias a la lenidad de quienes deberían procesarlos y sancionarlos. Mucha de la violencia cotidiana se explica de esta manera.

Finalmente, el menos evidente de los efectos se hará visible el día que las autoridades del Judicial y todos los administradores de justicia sean declarados ilegítimos por falta de la elección constitucionalmente exigida. Pocos serán lo que se avengan a aceptar como válidas sentencias, u otros actuados, emitidas por personas designadas mediante decreto o resolución. Por supuesto que las peores personas de la sociedad aprovecharán la confusión buscando beneficiarse.

Está, pues, el Estado en un conflicto que por ahora solo puede degenerar en crisis. No son pocos quienes esperan que esto ocurra, pues tanto en la vereda opositora como en uno de los bandos del MAS se hacen cálculos de cuánto se puede aprovechar cualquier daño que sufra la actual gestión presidencial. Todos ellos y ellas miran sus intereses de corto plazo o los delirios de sus respectivos jefes, pero ninguno parece estar pensando en lo que eso significará para el pueblo al que dicen servir. Y en el Gobierno tampoco dan muestras de estar pensando en lo que puede suceder en los próximos meses.