El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, fue aprehendido ayer en La Paz y se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acusado por el Ministerio de Justicia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Solicitan su detención preventiva por seis meses. 

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la política de tolerancia cero a la corrupción es un mandato del presidente. Adelantó que se impugnará el sobreseimiento del gobernador de Potosí por el caso de la adquisición de 41 ambulancias porque existen serios indicios de la existencia de una organización que legitimó ganancias ilícitas. “Es necesario pedir las medidas cautelares para que en el marco de un debido proceso no se siga afectando al pueblo de Potosí”.

La asambleísta Dora Flores, del MAS, quedó como gobernadora interina de Potosí. Mamani pidió permiso por dos días. Dijo que debía reunirse con ministros y asambleístas, nunca informó que viajaba a La Paz para declarar.

Lavado de dinero. Este es el principal cargo que pesaba contra Humberto Huanca, el propietario de 26 años de la empresa unipersonal Estefals Logistics, que es parte de este proceso y relacionado con los mercados grises, que introducen vehículos provenientes de Dubái, manejados por agentes paquistaníes con características no óptimas para el mercado nacional, e ingresaban de forma ilícita reacondicionados, sin pagar impuestos y burlando los controles.

 La acusación a la que tuvo acceso este medio señala que Huanca operó con protección del gobernador para introducir las 41 ambulancias y otros 87 vehículos en un solo mes.

Huanca declaró un ingreso mensual de Bs 2.500, un monto que no guarda relación con las transacciones bancarias que realizó desde Bs 35.000 hasta Bs 400.000. Además, en abril de 2022 la Fiscalía estableció que en un solo mes importó 87 vehículos por un costo de $us 2 millones”.

Tendría que ver también con vehículos de lujo. La investigación señala que esta operación se realizó al margen de los cuatro contratos que firmó el gobernador Mamani con esta empresa. La autoridad departamental adjudicó a Estefals Logisticis en un “proceso direccionado”, según estableció un informe de la Asamblea Departamental de Potosí, la provisión de 41 ambulancias con un sobreprecio de Bs 777.000. Adicionalmente, la empresa de Huanca no presentó NIT, un requisito habilitante para establecer una relación contractual con el Estado. 

Huanca registró su emprendimiento en Fundempresa a principios de septiembre de 2021, pocos días antes de que la Gobernación de Potosí inicie el proceso de contratación directa de las 41 ambulancias. Entonces, registró Bs 100.000 de capital inicial y para fines de noviembre ya había firmado cuatro contratos con el gobierno de Potosí con el compromiso total de unos $us 3 millones.

La Aduana Nacional certificó las importaciones que realizó Huanca al margen de los compromisos que firmó con el gobernador de Potosí, pero ahora ya fueron conectadas. 

El gobernador Mamani fue aprehendido 24 horas después que la Fiscalía de Potosí lo sobreseyera del caso de la compra de 41 ambulancias.

“Me parece que el gobernador de Potosí estaba notificado para declarar el 8 de agosto, primero, y dijo que no podía llegar y le reprogramaron para el 1 de este mes, pero presentó un memorial indicando que está con detención domiciliaria y que tiene que pedir permiso al juez de Potosí, inexplicablemente aparece en La Paz y fue aprehendido”, relató, René Villarroel, abogado defensor de Humberto Huanca Torrez, el propietario de Stefals Logistic.

El profesional recordó que hace 16 meses su cliente fue aprehendido y cautelado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, caso a cargo de la fiscal Pamela Portocarrero y signado con el número 1853201102012201853 en la Fiscalía de La Paz, el caso fue presentado por el viceministerio de Transparencia.

La solicitud de mandamiento de aprehensión fue realizada por este despacho porque el gobernador no se presentó a declarar en dos oportunidades y, por tanto,
correspondía el mandamiento. Entonces caben dos posibilidades, de que Mamani declare y sea liberado u ordenen su aprehensión formal luego de su declaración.

Villarroel explicó que en más de 16 meses la Fiscalía no pudo probar la legitimación de ganancias contra su cliente y que solamente amplió la investigación contra los familiares de Huanca Torrez, quien apareció en medio de un negocio que hacía la propia Gobernación de Potosí. 

Explicó que la empresa Estefals Logistic solamente era encargada de realizar la logística para la importación de vehículos que eran vendidos por empresarios paquistaníes a compradores bolivianos, en este caso a la Gobernación de Potosí. Huanca Torrez se encargaba del papeleo desde el arribo a puertos de Arica e Iquique.

Era el encargado de importar a Bolivia y entregar a los compradores, el acusado no compraba ni importaba vehículos, era un tramitador, concluyó el abogado.

En febrero de 2022, este medio publicó una investigación que estableció que en la Zona Franca de Iquique (Zofri) existe, además de un centro comercial, un área industrial a la que solo ingresan “usuarios”, clientes acreditados y vendedores de bienes al por mayor. Los paquistaníes se han especializado en el negocio de la autoventa a clientes en Bolivia y Paraguay. 

También emplean mecánicos de varias nacionalidades, entre ellos ciudadanos bolivianos que trabajan en la reparación y revisión de los motorizados que llegan, especialmente, desde Dubái, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, donde existen concesionarias que trabajan con fabricantes de Japón, Tailandia, China y Corea del Sur, países en los que están ubicadas las mayores fábricas de Asia.

Los importadores paquistaníes, que operan en Iquique, no pueden comprar los vehículos de manera directa a los fabricantes porque no tienen ningún acuerdo de representación. Por eso, apelan a concesionarias que cuentan con catálogos electrónicos. Una de las más grandes se llama Sahara y opera en Dubái. Se ha especializado en la marca Toyota. 

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) explicó que si bien no es ilegal en la Zofri, afecta la recaudación tributaria del país y provoca una competencia desleal.