Pese a los ajustados tiempos que tiene la Asamblea Legislativa para aprobar una convocatoria a las elecciones judiciales, tanto asambleístas de la oposición como del oficialismo declararon el martes 15 de agosto que ampliar la vacación judicial no es una opción y que el mandato de los actuales magistrados no será extendido bajo ninguna circunstancia.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, aseguró que la elección nació muerta debido al oficialismo, y responsabilizó directamente al ministro Iván Lima y el Presidente Luis Arce, quienes tendrían el objetivo de someter a la justicia sin considerar siquiera el costo político de sus acciones.

Propuesta inconstitucional para ampliar vacación judicial

En ese sentido, afirmó que la propuesta de ampliar la vacación judicial, sugerida por las senadoras Patricia Arce y Silvia Salame, es totalmente inconstitucional ya que no difiere mucho de la posibilidad de extender el mandato de los actuales magistrados.

Ausencias en comisión extraordinaria evidencian falta de voluntad política

Finalmente, también señaló que la comisión extraordinaria quedó sin efecto debido a las ausencias de aquellos que debían participar en el diálogo, dejando en evidencia la falta de voluntad política para garantizar la realización de las elecciones judiciales. No obstante, aseguró que asistirán en caso de haber una nueva convocatoria.

Mandato constitucional y necesidad de diálogo

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, aclaró que el mandato de estas autoridades termina el 3 de diciembre y cualquier intento por prorrogarlo no prosperará en la Asamblea Legislativa, respetando así el mandato constitucional de los legisladores. Por tanto, instó una vez más a las tres bancadas a dialogar para llegar a los acuerdos necesarios y agilizar la preselección de los comicios. Sin embargo, hasta ahora no se tiene certeza de aprobar ningún proyecto de ley.

Competencia del Tribunal Electoral

En ese sentido, Huaytari enfatizó que no se debe descuidar el cumplimiento de los lineamientos de la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial, y que la ampliación de plazos para llevar a cabo los comicios ya es competencia del Tribunal Electoral.