Podía hacerlo en una semana, pero el TCP se tomó 45 días para un fallo sólo “en la forma” y no en el fondo para decir que la convocatoria no debió hacerse por “reglamento” sino por “ley”. Si ayer era complejo, con la SCP 060/2023 será prácticamente imposible que en este momento coyuntural alguien pueda garantizar elecciones judiciales 2023 en Bolivia. Cuatro variables harán imposible las elecciones de la cúpula judicial en Bolivia: material, política, constitucional y electoral
Imposibilidad Material. En el caso de que exista acuerdo luego del cuarto intermedio declarado hasta el ocho de agosto, las sesiones de cámara de origen (Senado) y cámara revisora (Diputados) de sólo le quedará 27 días al Legislativo haga una preselección ligera de postulantes; 11 fases que debieran tener lugar en 80 días; ¿lo harán acaso en menos de 20 días?.

Imposibilidad Política. De seguro que los tres partidos plantearán proyectos de reglamentos que deben ser consensuados por sus 7 fracciones internas (CREEMOS: camachistas. Anticamachistas y ucecistas; CC: antimasistas y librepensantes; y MAS: radicales arcistas y orgánico-evistas) disidentes todos entre sí; ¿podrían acaso consensuar 96 nombres?.

Imposibilidad Constitucional. Si por alguna casualidad encontraran el acuerdo político de 2/3 exigido por el TCP, hasta el 5 de septiembre no habrá comicios porque el Tribunal Supremo Electoral requiere de un calendario no menor a 90 días para organizar un proceso electoral nacional es la imposibilidad electoral. Por lo que se puede advertir que en estas condiciones y por las variables de imposibilidad antes descritas no habrá elecciones judiciales en el país. 

¿Quiénes son los responsables de este caos judicial? Si, exactamente de ellos, las reducidas células de los tomadores de decisión que son parte de las cúpulas de los órganos de poder; justamente los que hoy dicen que quieren elecciones judiciales y pregonan el cambio de una nueva justicia en el país: los políticos y su sistema de partidos en el Legislativo, los gobernantes que no tienen la más mínima intención de cambiar a la justicia en crisis desde el Ejecutivo, quienes no resguardan la institucionalidad del Electoral que son cuasidependientes de los otros órganos y el judicial que se autogolpea.

Entonces ¿qué camino queda o cómo se resuelve?.
Cuatro alternativas: Decretazo transitorio, reforma constitucional por iniciativa presidencial, Constituyente Judicial o Magistrados Exprés. Sí, preseleccionaros y elegir rápidamente a magistrados exprés -modelo “sastre”- hecho a medida del interés de quienes no quieren perder sus sistemas de privilegios.