El ministro de Justicia, Iván Lima, propuso que un año después de la elección de magistrados se realice un revocatorio en las urnas y que sea el pueblo el que evalúe y defina su continuidad. Dijo que eso no requeriría cambiar la Constitución. La oposición descalifica la idea, dice que sólo es una excusa para justificar que no habrá elecciones y que el MAS solamente busca prorrogar a las actuales autoridades judiciales.

Para hoy, a las 9:30, está convocada la sesión del Senado Nacional. La Cámara se reúne una semana y media después de declarar un cuarto intermedio para consensuar la ley de preselección de autoridades judiciales. Hubo reuniones toda la semana pasada, pero sin ningún resultado.

Hay en mesa cuatro propuestas. Una del MAS, otras de Comunidad Ciudadana, Creemos; y una que salió en la comisión trabajada por los senadores del MAS, Patricia Arce y Miguel Pérez, y la disidente de CC Silvia Salame. El oficialismo amenazó con poner en mesa la suya. Pero, de hacerlo, debe contar con los dos tercios de apoyo y su votación no alcanza.

En ese marco, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó una propuesta el fin de semana durante una entrevista con el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio.

En esos micrófonos se le preguntó sobre el futuro de las elecciones judiciales. Respondió: “Le recuerdo algunos temas que me parecen importantes. El 2011 gastamos alrededor de Bs 100 millones para la primera elección judicial; en 2017 fueron Bs 125 millones y el presupuesto para este año es de más de Bs 183 millones, es decir, más de $us 56 millones vamos a gastar los bolivianos en este modelo porque la gente no cree que debamos elegir jueces por voto popular, somos el único país que lo hace”.

El ministro insistió en que, en las dos experiencias anteriores, “no tuvimos un resultado relevante. ¿Estamos en condiciones de gastar más de Bs 183 millones para una elección judicial que probablemente no sea la solución a la situación de la justicia que plantea? Hay preguntas que hacernos y considero que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que nos dice que los bolivianos debemos aprender a sentarnos a dialogar, coordinar y a lograr soluciones estructurales”.

Además, recordó que el autor de la elección judicial y de ese artículo en la Constitución Política del Estado es el expresidente Evo Morales. “Él, cuando viajaba en el teleférico en Suiza le dijo a Idón Chivi, destacado jurista ya fallecido, que se le ocurrió esa idea porque vio la elección en ese país que es uno de los pocos que tiene este modelo. Funciona para jueces de primer nivel, no para las altas cortes de Justicia”.

El ministro admitió que las elecciones judiciales por votación no funcionaron, pero insistió en que la posición del Gobierno es de respeto a la Constitución. 

“El presidente Luis Arce no emitirá ningún decreto supremo para prorrogar el mandato de las actuales autoridades judiciales, se irán a su casa el 31 de diciembre. Uno de los diputados planteó también ampliar (el mandato) a las actuales autoridades judiciales por 60 días, eso es inconstitucional. Esa ley es también inconstitucional”.

Lima insistió en que se debe cambiar la CPE para eliminar la elección judicial por voto popular, o cambiar el modelo del electivo al ratificatorio “que funciona en Japón y en EEUU. Se elige al magistrado, que trabaja un año, y entonces el pueblo ratifica su mandato o lo envía a su casa. Tiene una virtud. En el electivo, el candidato debe ir a comprometerse con sectores sociales y grupos vivos de la sociedad, y eso daña su imparcialidad. Si tiene que ir a pedir el voto a un sector, eso lo condiciona, eso no necesita cambio constitucional”.

Se le preguntó al ministro si esto significaría ratificar a los actuales magistrados y que después de un año vayan a elecciones para que la población los ratifique. Lima respondió así: “No, definitivamente los que terminan el 31 de diciembre, terminan en esa fecha, no hay forma de ampliarles”.

La oposición considera que esa propuesta no tiene sentido. El diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, recordó que el artículo 184 de la CPE señala que las magistradas y los magistrados, los vocales y jueces no podrán ser reelegidas ni reelegidos, ni designados consecutivamente. Su periodo de mandato o ejercicio de funciones será de seis años”. 

“Habla de que su gestión es de seis años y que no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Por lo tanto, no es posible revocar su mandato. Es necesario ir a una reforma de la Constitución”, dijo Alarcón.

Pero, la Carta Magna señala en el mismo artículo “que cesarán en sus funciones por sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, por revocatoria de mandato y por las demás causales previstas en esta Constitución y en la ley”.

Alarcón insistió que “se los elige por voto, y la Carta Magna no establece que se los pueda revocar por voto. El 2 de enero sí o sí se van a sus casas, ese es el contrapeso. Es un disparate lo que plantea el ministro, pensar en una ratificación al año cuando ya los elegiste por voto popular”, señaló.

Además, acotó que “todos estos planteamientos disparatados del Gobierno son para encubrir la prórroga del mandato. La gran apuesta del Ejecutivo, del MAS ‘evista’ y ‘arcista’, y del Tribunal Constitucional es la ampliación de facto del mandato, sea con otro fallo o por una ley trucha en la Asamblea, esa es la apuesta. Estos giros de timón de Lima buscan encubrir esa realidad”, acusó.

La senadora de Creemos Centa Rek, en la misma línea, señaló que el objetivo es simplemente ocultar la prórroga “que ya está definida. Quieren sacar adelante el control de este monstruo de siete cabezas que es la justicia. Es muy difícil elegir autoridades, sin politizar el proceso. No ceden, no quieren cambiar absolutamente nada”.