La vacación judicial de 25 días calendario sería el tiempo extra que necesita la Asamblea para acordar la preselección y elección de los magistrados al Órgano Judicial. Así lo establece el proyecto de ley que tiene el MAS en la congeladora de la Cámara de Senadores. El ministro de Justicia, Iván Lima, usó ese documento para acusar al 'evismo' de buscar la prórroga de mandato de los actuales jueces.

“De forma excepcional la vacación judicial anual colectiva de la gestión 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se inicie el primer día hábil de enero de 2024. Esta disposición es extensible a las jurisdicciones departamentales”, señala la disposición transitoria segunda de la norma proyectada.

El martes, la comisión de Constitución del Senado presentó esta propuesta y lleva las firmas de los senadores: Patricia Arce Guzmán y Miguel Rejas Vargas, ambos del MAS; además de Silvia Salame Farjat (CC), proyecto de ley que engloba en un solo documento la convocatoria y el reglamento de preselección.

La vacación judicial usualmente se inicia la primera semana de diciembre y dura todo el mes, por esa razón la inauguración del nuevo año judicial se lleva adelante el primer día hábil del siguiente año; ahora el MAS y CC plantearon que esa vacación se traslade a enero de 2024.

El artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el mandato de las autoridades judiciales es de seis años de forma impostergable. Las actuales autoridades asumieron su cargo en enero de 2018 y esos cargos vencen el 3 de enero de 2024.

El documento que presentaron el MAS y CC a la Cámara de Senadores contiene 53 artículos y dos disposiciones finales, plantea la elección de los seleccionados por dos tercios de voto de los presentes y admite la presencia de “asesores técnicos” que serán los representantes de distintas organizaciones, incluidos delegados del Pacto de Unidad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó su plazo final en 90 días para organizar las elecciones judiciales, ese plazo empezaría a correr el 3 de septiembre; pero con este proyecto de ley podría empezar en octubre, lo que significa que las elecciones judiciales serían el 1 de enero de 2024.