La demora en adoptar normas para la elección de altas autoridades de Justicia, ponen al país en situación de mayor riesgo al que enfrentamos con las autoridades actuales, mismas que a lo largo de su gestión se han ocupado solo de asegurarse que su salario y otros beneficios del cargo les llegue oportunamente sin esfuerzos siquiera de actualizar sus conocimientos en doctrina constitucional, ética o jurisprudencia emanada de tribunales internacionales.
Sabemos que el deterioro de la justicia no es únicamente en Bolivia, con pesar vemos cómo en la región se debilitan sistemas que se caracterizaban por su solidez institucional; sin embargo, felizmente son pocos los que han tocado fondo como el Sistema de Justicia boliviano resultado de la cooptación político partidaria.
Los acontecimientos que suceden hoy en muchos países de la región, como el asesinato de candidatos a cargos políticos de derecha, centro o izquierda, líderes sociales, indígenas, religiosos o autoridades como ocurre en México, Guatemala, Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, nos muestra que el monstruo al que enfrentamos ya no tiene color político, ha penetrado sus tentáculos en cuanto espacio de poder le es útil, desde lo más alto a lo más pequeño.
El nombre del monstruo no es otro que mafias; el poder de estas es tan grande que para enfrentarlas antes de que sea tarde, se requiere de acuerdos sólidos y compromiso de honor entre políticos, líderes sindicales, económicos, empresariales, religiosos y otros que aún se mantienen al margen de la influencia del crimen organizado que se considera intocable. El momento preciso para mostrarle al pueblo que aún existen ciudadanos y ciudadanas con vocación de servicio y capaz de ceder sus diferencias en aras de un bien mayor es este.
En el parlamento, diputados y senadores tienen la obligación de poner lo mejor de sí, alejarse de mezquinas consignas de derecha o izquierda para dotarse de instrumentos que hagan posible una elección transparente de altas autoridades de Tribunales de Justicia; que genere en el pueblo entusiasmo para acudir a las urnas a elegir entre las y los seleccionados por sus méritos profesionales e integridad humana. Es necesario que legisladores/as piensen que con tribunales de justicia mediocres y serviles, todos perdemos, porque la venalidad o cobardía de sus componentes hará que en ocasiones sirvan a unos y en otras justo a los contrarios; el ejemplo vivo lo tenemos en la Fiscalía General del Estado.
Aunque es legítimo que cada grupo político representado en el parlamento desee que su propuesta sea la aceptada, el momento actual exige desprendimiento, grandeza y acuerdos urgentes y necesarios en los que el pueblo boliviano sea el ganador. Por esta su grandeza serán recordados.
DE FRENTE
JULIETA MONTAÑO SALVATIERRA
Abogada, feminista, defensora de DDHH
julietamontaño@gmail.com
