¿Cuál es su lectura del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre las elecciones judiciales?

Tengo la impresión de que esta sentencia va a representar un hito importante en la democracia boliviana y en la reforma judicial. La veo bien, la veo que ha demorado un tiempo razonable (más de tres meses) (…) Lamentablemente todavía no ha concluido el trámite procesal de la sentencia porque está aún pendiente la complementación y enmienda que ha sido solicitada por el diputado de Creemos, (Leonardo) Ayala, que ha presentado esta acción. 

Y hay otro elemento que está pendiente: el primer escollo para la elección judicial fue una acción de amparo constitucional en el Beni, que todavía no tiene una sentencia en el grado de revisión. 

Entiendo que al haberse establecido una decisión del tribunal, en sentido de que la Asamblea Legislativa pueda realizar la preselección y selección por dos tercios de votos, muestra un grado de compromiso democrático importante. Yo discrepo de las afirmaciones de Evo Morales, Patricia Arce y otros actores políticos en sentido de señalar que ha habido un golpe judicial. Golpe judicial es cuando pretendes imponer una mayoría que no es de dos tercios (…)

¿Por qué el proceso de selección de magistrados se encuentra en una situación de incertidumbre para el país y con muy poco tiempo para concretar resultados? Claramente por la irresponsabilidad de Patricia Arce y Silvia Salame; desde el origen de este procedimiento, han estado generando una situación de incertidumbre, de inestabilidad y de disposiciones contrarias a la Constitución en los diferentes reglamentos que se han ido aprobando a partir del inicio de esta gestión. A partir de 2023, había un acuerdo encubierto entre Patricia Arce y Silvia Salame, que ahora se ha visto visible para la población, en un ánimo de crear condiciones para que determinados candidatos puedan asumir la magistratura (…)

¿Alcanzará el tiempo para llevar adelante las elecciones judiciales este año? 

Lo que ha determinado la sentencia constitucional por conexitud es que la ley referida a los plazos también sea expulsada del ordenamiento jurídico (…) La situación es compleja. Entre el momento que nos encontramos, entrado agosto, y el 4 de septiembre, que es la fecha en la cual el doctor (Oscar) Hassenteufel como presidente del Tribunal Supremo Electoral ha señalado como último plazo para hacer llegar la lista de candidatos, vemos que existe un tiempo muy limitado (…)

Ahora bien, el plazo que señala el doctor Hassenteufel es un plazo de prudencia en base a la ley vigente en ese tiempo. Ahora todavía queda un tiempo hasta el 31 de diciembre para ajustar los plazos.

Y ahí vea usted esta nueva propuesta que aprobaron en la Comisión de Constitución entre Patricia Arce y Silvia Salame, es una ley que está cambiando las reglas del juego en cuanto a los tiempos y está señalando el cambio de la vacación judicial, que en el país siempre es en diciembre, pasándolo a enero, dando 30 días más para la realización de las elecciones judiciales. Ahí está la respuesta a su consulta: hay en este momento iniciativas creativas para lograr una elección judicial en el ámbito de 30 días adicionales que se lograrían, trasladando la vacación judicial de diciembre a enero, de manera que el 30 de enero se tenga unas nuevas autoridades judiciales en el país.

MANDATO

"El mandato de las actuales autoridades es hasta el 31 de diciembre de 2023. Es por seis años (…) Una ampliación de plazo tendría que ser resultado de una decisión jurídica y esa decisión jurídica, en el caso del Órgano Ejecutivo podría plasmarse en un decreto supremo y esa opción la hemos descartado plenamente (…) Lo que nosotros exhortamos es a un trabajo responsable y respetuoso del TCP (…) y a la Asamblea Legislativa, un trabajo serio, concertado, responsable, para regular el proceso de preselección por dos tercios como manda la sentencia. Y finalmente, al Órgano Electoral, la realización de elecciones en el plazo que ellos tienen que ejecutar este mandato”.

3 de septiembre

"¿El hecho de que la lista no llegue el 3 de septiembre, llegue el 10 de septiembre, impediría que se realice una elección? Definitivamente no, definitivamente la atribución de la Asamblea de preseleccionar candidatos es constitucional, tienen que ejercerla. No es un plazo que esté definido por la ley, el 3 de septiembre, el 4 de septiembre o la fecha que fije el Órgano Electoral. Esa fecha ha sido un acto de prudencia del Tribunal Electoral, exhortando a la Asamblea y recomendando el cumplimiento de ese plazo, pero definitivamente no existe ni en la Constitución ni en la Ley el hecho de que si no llegas al 3 de septiembre no vaya a haber elecciones judiciales en el país.

La Asamblea tiene que cumplir su trabajo y tiene que emitir una convocatoria y realizar un proceso por dos tercios de votos (…) Si la lista no llega el 3 de septiembre, sino que llega el 3 de octubre, el 3 de noviembre, el momento que fuera necesario, inmediatamente acudiremos a exhortarle al Tribunal Electoral a que realice las elecciones, a que dé cumplimiento a su mandato constitucional, y una vez que ellos organicen ese proceso y tengamos los resultados, garantizaremos que las nuevas autoridades asuman”. 

PLAN “A”, “B” Y “C”

En el actual escenario, el viceministro de Justicia, César Siles, remarcó en entrevista con Erbol Sucre, que el plan “A” se enfoca en la celebración de elecciones judiciales según manda la Constitución y logrando acuerdos políticos con todas las fuerzas, por ejemplo, a partir de la convocatoria que hizo el vicepresidente David Choquehuanca. En caso de que ello no ocurra, la solución “está en el Tribunal Constitucional”, que tiene acciones referidas a esta temática; también “puede pasar” que el Órgano Legislativo emita una ley para evitar el vacío de poder, señaló.