Uno de los enormes problemas que ha acarreado la Constitución Política del Estado Plurinacional es la elección por voto popular de magistrados de cuatro organismos del Órgano Judicial. Esa elección popular fue puesta en práctica por primera vez en el país hace diez años y pese a que los hechos comprobaron que no era eficiente y requería reformas a fondo, siguió en vigencia y las demandas públicas de todos los sectores sociales cayeron en saco roto.

La medida de la elección de magistrados, a pesar de sus deficiencias, está nuevamente en discusión, pero en su marcha hacia su aprobación ha encontrado gran cantidad de dificultades que hacen que sea algo muy complicado y hasta se diga que no debe realizarse y, al mismo tiempo, que los nuevos 74 magistrados sean elegidos por decreto o bien sean ratificados en sus funciones.
En esa marcha forzada, cuando el proceso había dado sus primeros pasos, el asunto se encontró con problemas por la demanda en contra presentada por un diputado. Pero, después de casi dos meses de explicaciones, el Tribunal Constitucional sentenció que el tema observado, en relación con la convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos, volvía a fojas cero, hecho que dejó a los legisladores con los crespos hechos, ya que su actividad futura dependía de la aprobación.

Ahora, el nuevo escollo parece insalvable porque los legisladores deben alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación y, por tanto, siga en marcha la consideración y aprobación de la medida necesaria para hacer posible la elección de los magistrados. Así, la cuestión se ha puesto peliaguda y amenaza con empantanar la etapa de preselección de candidatos a magistrados, ya listos con sus documentos, para que después sean elegidos por el voto popular.

Para llegar a la fecha de las elecciones faltan aún varios pasos y parece que ya no hay tiempo para cumplir con ellos, por lo que la disposición constitucional para el periodo de realización, ya ha caducado.

Al presente, la opinión pública, al observar tan grande cantidad de problemas y, en particular, al ver que el sistema electoral popular no tiene futuro, posiblemente si se aprobara una fecha para la elección de los candidatos postulados, decida una abstención general para volver a fojas cero, lo que obligaría a reformar la Constitución. Pero no para volver a la práctica de elección de magistrados por decreto, sino para establecer un nuevo procedimiento, de acuerdo con lo que sucede en países modernos, tal vez la única forma de evitar engorrosos métodos burocráticos, típicos de países que tienen como bandera de lucha el populismo utópico y desfasado que ha fracasado en todo el mundo, en la teoría y la práctica. Y es que la historia nunca retrocede como proponen “ideólogos” traídos por los cabellos, a quienes, sin embargo, se los considera teóricos que conducirán al país a la realización de sueños metafísicos.

Ante esta crisis electoral, legisladores oficialistas buscan apoyo de la oposición para alcanzar los dos tercios de votos necesarios para hallar acuerdos y arreglar el embrollo, algo que a la vista será muy tormentoso.