Hay unos datos que están recorriendo Latinoamérica dejando frío el espinazo de analistas, periodistas y activistas de derechos humanos. Se trata del Latinobarómetro del primer semestre de este 2023 en el que se ratifica una tendencia clara de alto riesgo: Solo el 48% de los latinoamericanos cree actualmente que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. O, dicho de otro modo, más de la mitad de quienes habitan en este continente no tendrían reparos en tener otro modelo, siempre y cuando sus necesidades básicas personales se vean satisfechas.

Por otro modelo se entiende, lógicamente, una dictadura, militar o civil, que restringe libertades de todo tipo pero garantiza el pan, y seguramente el circo. Se trata de “sacrificar” derechos civiles a cambio de bienestar económico. En el 2010 aún había un 63% que creía en la democracia. Desde entonces se han perdido 15 puntos básicos, es decir, algo más de uno por año.

El dato concreto en Bolivia señala que en 2023 el 51% de los ciudadanos aún creen en la democracia, en 2020 era un 54% y un total del 28% de los encuestados les da exactamente lo mismo una democracia que una dictadura.

La caída es drástica y obviamente, es el resultado de una acumulación continental, pero también hay que repasar país por país, y en el caso de Bolivia está claro que se ha banalizado tanto el tema del “golpe de Estado” por un lado y la instrumentalización de las fuerzas populares por otro que “inevitablemente” se han removido todas esas lógicas coloniales del caudillo, las republiquetas, el culto a la personalidad y demás instrumentos que siempre estuvieron pero que ahora hacen a esta suerte de democracia despótica y absolutista que algunos (muchos) añoran.

El fenómeno también se está dando en otros lugares del mundo donde también resucitan caudillos al estilo de los Marcos en Filipinas, se alzan ejércitos en armas contra los abusos post-coloniales de Francia en el Sahel o se arman gobiernos ultraderechistas en Europa. Con todo, es improbable que todos los casos respondan a las mismas causas.

Por ejemplo, en Sudamérica no resulta muy gravoso renunciar a un supuesto estado del bienestar que en términos generales no existe pues todos los servicios responden a las lógicas privadas, ni tampoco a las libertades que, por lo general, han sido reguladas por las iglesias y sus tentáculos religiosos y sanitarios.

Bolivia hace tiempo que camina en esta dirección pues nuestra propia historia está plagada de presidentes carismáticos y líderes que se creyeron más importantes que el Estado mismo. Sucedió recientemente con un Evo Morales violentando la Constitución Política del Estado, pero sucede también en la oposición o en gobiernos locales, donde el culto a la personalidad y la pretensión de presentar al líder como un ser supremo infalible y todopoderoso es la tendencia comunicacional general.

El concepto de la democracia está en riesgo. Lula ganó las elecciones apenas jugándoselo todo a esa idea frente a Bolsonaro mientras que en Bolivia la oposición logró apenas un resultado de segunda vuelta en 2019 con un relato similar.

Es probable que muchos de quienes ponen en cuestión el sistema nunca hayan vivido en el contrario, pero no es necesario en la vida probarlo todo. Solo la separación de poderes, la transparencia y la valoración individual de las capacidades y méritos garantizan un país mejor, y ya sabemos lo que pasa cuando se obvia.