A tiempo de definir uno de los principios, valores y fines del Estado, el artículo 7 de la Constitución Política de 2009 dispone que “la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa (a través del voto) y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. Bajo este marco, la decisión del 51,3% de los bolivianos manifestada en el referendo del 21 de febrero de 2016 (21F) de rechazar una reforma constitucional que autorice una nueva repostulación del presidente Evo Morales fue soberana, pero su cumplimiento ha sido puesto en entredicho.

Para vulnerar su observancia, el MAS apeló al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), solicitando que se respete el derecho político de los mandatarios de poder ser elegidos indefinidamente. Con este argumento, el TCP aprobó, en 2017, una sentencia que habilita a Morales y al resto de las autoridades electas a repostularse sin ningún límite legal.

Como era previsible, este fallo generó expresiones de resistencia de la población, que primero fueron canalizadas por comités cívicos, plataformas ciudadanas y otras organizaciones civiles; y posteriormente se tradujeron en protestas en actos públicos e incluso en escenarios deportivos a los que asistieron las autoridades, a quienes les exigían respeto al 21F.

Sin embargo, se observa con preocupación que esas manifestaciones y sus impulsores han sido deslegitimados por el Gobierno, bajo la premisa de que están vinculados con la derecha; e incluso han sido amenazados por dirigentes y sectores afines al oficialismo. Una muestra de ello fue la movilización protagonizada en Santa Cruz por un grupo de jóvenes encapuchados que, palos en mano, expresaron su apoyo a la repostulación de Morales, a tiempo de amenazar con enfrentar a los colectivos que piden el respeto del 21F.

Ante esta situación, las autoridades del Gobierno están obligadas a garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, de tal manera que los ciudadanos no sean agredidos a causa de sus opiniones, tal como lo establece la CPE y la Declaración de los Derechos Humanos.