Del lado de los que dicen sí está el oficialismo (en bloque) que, con arreglo a la Sentencia Constitucional 0084 (de 28 de noviembre de 2017), asume la habilitación plena del actual binomio presidencial para su repostulación en las próximas elecciones. Allí están, con diferentes lazos de afinidad, el MAS-IPSP y varias organizaciones y movimientos sociales, todos en aprestos de campaña electoral para la reproducción del poder. Claro que, sin declararlo, saben del desgaste en 12 años de gobierno.

Este quiebre, carente de puntos de encuentro, sin solución intermedia posible, condensa hoy la contienda político-electoral en torno a tres cuestiones. La primera es la salud de la democracia, condicionada por el factor reelección. La segunda cuestión es el carácter vinculante del referéndum 21F, para unos ya resuelto (“no se modificó la Constitución”), para otros aún pendiente (“Evo está inhabilitado”). Y la tercera es la degradación del debate público, confinado a pocas palabras: “Bolivia dijo/dice…”.

Ahora bien, ¿qué implica para el itinerario de los asuntos públicos que en lugar de generar espacios de deliberación plural e informada, los actores políticos y sociales relevantes estén ensimismados en la afirmación de sus verdades? O mejor: ¿cómo lograr un diálogo participativo sobre temas fundamentales como el rumbo del horizonte estatal, el modelo de desarrollo, la calidad de la democracia, el ejercicio de derechos, la administración de justicia, la seguridad ciudadana? ¿Es, todavía, posible?

En tal escenario, es deseable que este lunes patrio, contra todo pronóstico y evidencia, los actos cívicos discurran festivos y pacíficos, con garantía de libertades y derechos, con celebración de la diversidad. Es deseable, en especial, que el día después los silencios, los monólogos, los ruidos sean desplazados por la conversación pública. Y que el año electoral 2019, los que dicen No y los que dicen Sí concurran a las urnas para contrastar y dirimir sus visiones de país, sus proyectos de futuro.