Es evidente que la democracia en Bolivia se encuentra en un momento de preocupante debilidad, ocasionada principalmente por la decisión del MAS de añadir al control, que ya ejerce sobre la totalidad de las instituciones del Estado, el prorroguismo indefinido en el gobierno.

Conciencia comprometida

La democracia está en peligro

 Para lograr esto último ha ideado “ocho vías”, cada una de las cuales implica la vulneración flagrante, pero subrepticia, de principios constitucionales, instrumentos internacionales y normas jurídicas, y el desprecio por el derecho de la mayoría de los bolivianos a que se respete el voto que emitieron en el referéndum de 2016.

 El objetivo del MAS violenta las bases sustanciales del modelo de democracia que los bolivianos implementamos hace 35 años y en cuyo marco hemos construido una sociedad que, con sus dificultades, alcanzó mayores niveles de inclusión, participación, paridad, legitimidad y transparencia.

Una democracia que conquistamos con sacrificio y que, en el ideario de los ciudadanos, obedece la voluntad del pueblo, se somete a la ley, acepta el disenso y la crítica, defiende la libertad de expresión y de prensa, y, sobre todo, respeta los derechos humanos. 

 En Bolivia no es la primera vez que un proyecto político pretende manenerse en el poder por vías no democráticas.  En 1964, el entonces presidente Víctor Paz  hizo cambiar el artículo de la Constitución que prohibía su reelección y logró repostularse en los comicios de ese año, con el argumento que era preciso continuar los avances de la Revolución Nacional que él había liderado. Con amedrentamientos y amenazas, impidió que participen otros candidatos y ganó con el 98% de los votos. Poco duró su gobierno ilegítimo, pues algunos meses después fue sacado de la presidencia a través de un golpe de Estado de los militares, que se mantuvieron en el poder los siguientes 20 años.

 Más allá del paralelismo inevitable, es evidente que la historia nos ha enseñado que nadie puede, en nombre del pueblo y de ninguna revolución, ignorar la voluntad popular y pasar por encima de las normas vigentes.  Y si las autoridades vulneran la Constitución y se burlan de la ley, no tendrán legitimidad para exigir que los ciudadanos las respeten, y se abrirán de nuevo las puertas a la anarquía, el abuso y la ilegalidad.

 Muchas veces quienes son favorecidos con el apoyo y la confianza del pueblo, obnubilados por el poder y rodeados de lisonjeros, asumen ser predestinados, irreemplazables y creen estar por encima del pueblo, de las leyes y de la Constitución, y en su irracional angurria por sostenerse en el poder, suelen ser los enterradores de las revoluciones que inspiraron o de los avances que lograron los pueblos bajo su liderazgo. 

 Ojalá el presidente Morales dejara de escuchar los cantos de sirena de quienes lo impulsan a salirse del camino de la legalidad y el respeto a los valores democráticos  y constitucionales, y asumiera que por encima de la legitimidad con que condujo este proceso  están su deber de someterse a esa Constitución que ayudó a construir y juró respetar, y su respuesta honesta a la confianza que el pueblo le tuvo durante cuatro elecciones sucesivas.

 Ni Morales merece ser recordado por violar la Constitución para aferrarse al poder, ni Bolivia merece que los avances logrados en el Estado Plurinacional se trunquen por la angurria de unos cuantos que sólo buscan seguir medrando del poder, en un gobierno que ya ha perdido la capacidad para enfrentar la corrupción, garantizar el acceso a la justicia y responder a los desafíos de una economía en declive.

Rolando Villena Villegas es presidente de la Fundación por los Derechos Humanos (FIADH).