El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó que la Asamblea Legislativa no “marchará” bajo la presión de otros órganos del Estado, en torno a las elecciones judiciales.

“Somos respetuosos de las decisiones adoptadas por otro órgano; y en esa línea se va a cumplir, pero tampoco vamos a marchar al ritmo que nos quieran marcar otros órganos del Estado, por la independencia de poderes”, cuestionó Mercado en una entrevista con La Razón Radio.

Mercado aludió a los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dispuso el 4 de septiembre como fecha tope para la recepción de la lista 96 postulantes de parte de la Asamblea Legislativa, para garantizar elecciones el 3 de diciembre de este año.

“Los que hacen las leyes somos nosotros, y la ley que sea necesaria para garantizar las elecciones la vamos a hacer”, remató el diputado oficialista.

El presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, reunió el martes a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; además, de los jefes de bancada de las tres fuerzas, para rencaminar las elecciones. Un primer acuerdo fue la conformación de una comisión técnica que defina un proyecto de ley único.

Sobre eso, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, consideró posible que dicha ley sea sancionada hasta este viernes 11 de agosto.

Jerges Mercado

Sin embargo, Mercado adelantó que la Asamblea Legislativa buscará un diálogo con los vocales del TSE con el fin de flexibilizar los tiempos que definió. Incluso dijo que ya buscaron al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, de quien afirmó que está de viaje.

“Tenemos que coordinar, tenemos que reunirnos con el Órgano Electoral para ver también cuáles son los plazos y los tiempos mínimos necesarios que él tiene”, acotó.

La preselección de candidatos quedó nula y fue declarada inconstitucional por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la semana pasada.

Los actuales magistrados culminan su gestión el 3 de enero de 2024; de ahí surge la “premura” de oficialismo y oposición para lograr las judiciales y así “garantizar un derecho constitucional” de los bolivianos.

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