Nociones elementales de moral dan cuenta de que el orden, la corrección, la eficiencia y el respeto a lo ajeno, el cuidado y buena preservación de lo que ha sido confiado a la honradez de un funcionario deben primar en la vida y funcionamiento de una entidad. Si hay, pues, honestidad en lo que se hace, con seguridad que se logrará buenos resultados en lo que se propone.
Desde hace tiempo circula la versión de que, a nivel de entidades de los tres poderes del Estado, existen proyectos para reformar el Poder Judicial, pero hasta ahora todo resulta como conjunto de espejismos. Esta es una realidad probada por los medios de comunicación, porque cualquier requerimiento ciudadano recibe la respuesta de que todo está en marcha para su tratamiento y aprobación “en niveles superiores del gobierno”. Interrogadas al respecto muchas autoridades, siempre se encuentra la respuesta de que todo está en manos de la burocracia insensible. Lo grave y común es que, en cada ciudad o pueblo o cualesquiera entidades gubernamentales, hay proyectos, ideas, criterios, pensamientos para hacer del Poder Judicial “un modelo de honestidad, disciplina, limpieza, eficiencia”; es decir, solamente se promete mucho.
Ante los medios de comunicación son hechas promesas de pronta y eficaz atención en tribunales, sin que exista siquiera una esperanza de que se cumplan oportunamente. Informaciones periodísticas muestran respuestas a granel; los demás poderes están pendientes de que efectivamente algo se adelante en el mismo Poder en la capital, Sucre. Sin embargo, se deduce que todo está sujeto a decisiones del Ejecutivo, un poder tal vez más dependiente que los otros: no tiene medios ni formas para llevar a cabo ninguna reforma; además, “está el Judicial que debía cumplir esa labor”.
Para la colectividad, el Poder Judicial con todas sus dependencias, universidades, colegios nacionales y departamentales de abogados, entidades cívicas y religiosas y hasta organizaciones de diversa finalidad, tendrían que reunirse y encontrar, en conjunto, caminos para encarar las reformas que requiere el Poder Judicial; pero, ¿se cumpliría algo de lo que se propone cuando la función y la misión de esta entidad están claramente definidas por diversos estudios y sugerencias académicas?
¿Hay opiniones, proyectos y una serie de pronunciamientos individuales y colectivos que, reunidas en un conjunto general y estudiadas por expertos, podrían dar alguna “magna idea”? Y que finalmente todo ese conjunto sea trasladado al Poder Judicial para que haga lo que corresponda y cumpla con sus funciones y deberes. ¿Por qué no tomar en cuenta esos valiosos aportes?
Finalmente, la elección de magistrados, de la que tanto se habla actualmente, se vislumbra que no será la solución que se espera, salvo que haya un acuerdo entre oficialistas y opositores para que los juristas más meritorios sean designados para administrar justicia.