El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó ayer que necesita un plazo mínimo de 90 días para cumplir con todas las tareas necesarias para las elecciones judiciales 2023, en tanto, el Movimiento Al Socialismo (MAS), tras ocho días del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), cedió para debatir una ley de consenso entre las tres fuerzas políticas y sancionarla con dos tercios hasta el viernes 11 de agosto.

El vicepresidente del TSE, vocal Francisco Vargas, dijo a EL DEBER que la postura de los vocales de fijar plazos se sustenta en el artículo 182 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 94 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

“Nuestro pronunciamiento de determinar un plazo tiene un apego y un sustento en la Ley de Régimen Electoral y en la Constitución”, subrayó el vocal Vargas. Agregó que para cumplir esa tarea es indispensable que la Asamblea Legislativa cumpla la primera fase: “Requerimos que la Asamblea lleve adelante el proceso de preselección para poder organizar el proceso electoral”.

El artículo 182 de la CPE dice que “La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección” de los postulantes, para luego remitir al Órgano Electoral la nómina de los precalificados y proceder a organizar las etapas del proceso electoral.

En cuanto al plazo para realizar los comicios judiciales, el artículo 94 de la Ley 026 establece que “para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional la convocatoria será emitida con una anticipación mínima de 90 días”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, tiene su propia interpretación. Para la autoridad, el TSE calculó los plazos sobre la base de la ‘ley corta’ por lo que el fallo del TCP, no solo anula el procedimiento en la Asamblea, sino también los plazos del TSE. “En este momento no existe ningún plazo legal que regule la materia”.

No obstante, Francisco Vargas subrayó que el TCP, en su sentencia, “ha interpretado la convocatoria, el reglamento y la Ley 1315” y no se ha basado en lo que dice la CPE y la Ley 026.

Asamblea Legislativa

Después de ocho días de que el TCP anuló el reglamento y la convocatoria de las elecciones judiciales e instruyó al Legislativo aprobar las leyes con dos tercios, el MAS convocó a Comunidad Ciudadana y Creemos a concertar y trabajar en un solo proyecto de ley. Tras la reunión, todos se comprometieron a aprobar las leyes con dos tercios.

Es así que la comisión técnica se instaló desde las cinco de la tarde en la Vicepresidencia y se prevé que este miércoles o a más tardar el jueves 10 de agosto, se tenga un proyecto consensuado e inmediatamente pase a ser aprobado y sancionado por la Asamblea Legislativa, dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

“Estamos asumiendo en este momento la responsabilidad de que se pueda sancionar la ley hasta el día viernes. Si hay consenso y voluntad política de las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa y, por supuesto del Órgano Electoral, es posible (realizar las elecciones)”, apuntó Rodríguez.

Ayer, previo a la instalación de la comisión técnica jurídica, hubo dos reuniones. La primera fue en la mañana en la Vicepresidencia entre David Choquenuanca, el senador Rodríguez, el presidente de Diputados Jerges Mercado y los jefes de bancadas de las tres fuerzas políticas.

Después de mediodía, hubo una segunda reunión técnica. Esta vez entre la Comisión Mixta de Constitución que convocó al director jurídico y la directora de procesos electorales, ambos del TSE. “Han transmitido el marco legal que nosotros tenemos y que sustenta la decisión de pedir como Órgano del Estado un plazo mínimo para cumplir nuestra función”, informó el vocal Vargas.

Legisladores de CC y de Creemos aseguraron que existe toda la predisposición de llegar a un acuerdo entre las tres fuerzas. “Nosotros estamos despojándonos de intereses político partidarios para poder avanzar en pro de lo que necesita el país”, dijo la senadora Andrea Barrientos.

El exvocal de la otrora Corte Nacional Electoral, Gonzalo Lema, explicó a EL DEBER que el TSE está supeditado a los resultados de los legisladores que deben cumplir la fase de la preselección de candidatos a magistrados.

“Es posible prorrogar por un mes o máximo dos meses la gestión de los magistrados actuales para garantizar un buen trabajo del Órgano Electoral que está supeditado, es dependiente a las tareas previas de la Asamblea Legislativa. Todo el retraso del Órgano Electoral va a deberse a la Asamblea Legislativa”, dijo Lema.

Para tal efecto, Lema precisó que se deben cumplir tres tareas: Llegar a la fecha prevista para posesionar a nuevos magistrados; dar el tiempo necesario al TSE para organizar las elecciones y lograr un acuerdo político que garantice todo el proceso.

PROYECTO DE SALAME Y ARCE
El proyecto de ley fue presentado por la Comisión Mixta de Constitución y plantea recorrer la vacación judicial a enero de 2024, por las elecciones.

PROPUESTA DE CC
La bancada de CC, en su proyecto plantea suprimir la fase de entrevistas a los precandidatos al Órgano Judicial.

PROYECTO DE CREEMOS
La bancada de Creemos plantea la despolitización en la elección judicicial, que se respeten los dos tercios y la Constitución Política del Estado.

PROYECTO ALTERNATIVO
En caso de que no se llegue a un consenso, la línea evista plantea que el Legislativo elija a magistrados interinos mientras se prepara un nuevo proceso.