Un investigación periodística revela una estrategia de comunicación a través de redes sociales destinada a crear ‘seguidores’ falsos a personajes políticos y a desarrollar operaciones de desinformación a través de las redes sociales.  Señala que se utilizan recursos públicos para el financiamiento y también detecta el uso de nombres de servidores del Estado para conseguir objetivos y crear posverdad; es decir la distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española.​

La investigación ha sido impulsada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y ha tenido la participación de 20 medios en la región. Destaca la presencia de la consultora Neurona, que ha trabajado en este país y en otros de Iberoamérica y que vende sus servicios como un “colectivo que gana elecciones”, pero que también ha ganado procesos de investigación por sus prácticas antiéticas y reñidas con la ley.

Operó en el país desde 2017 y fue el objeto de una investigación por desvío de fondos del Estado por más de Bs 12 millones. El caso terminó con sobreseimiento de los acusados porque supuestamente faltaron pruebas acusatorias. Lo cierto es que tuvo que ver con la campaña de Evo Morales para repostularse a la Presidencia contra la voluntad de los bolivianos, que rechazaron esa opción en un referéndum.

Neurona se fue del país, pero las prácticas de desinformación se quedaron. La investigación revela, por ejemplo, que tanto el presidente como algunos ministerios tienen seguidores inauténticos o ficticios, cuyas cuentas fueron creadas en simultáneo y que no presentan información de quienes las poseen. Aparecen registros a nombre de funcionarios públicos, pero lo llamativo es que varias de estas son creadas en simultáneo y propagan contenidos idénticos.

La información corrobora lo que ya se había conocido cuando Meta suspendió más de 1.000 cuentas falsas de Facebook y también medios digitales que pretendían ser periodísticos, pero que fueron utilizados para impulsar contenidos favorables al Gobierno y detractar a opositores.

Otro dato revelado es que el Estado invirtió cuantiosos recursos en internet, a través de la empresa Entel Dinámica. De acuerdo con el Sistema de Contrataciones del Estado -citado por la investigación- esta entidad suscribió contratos con diversas entidades del Gobierno por Bs 23 millones entre 2021 y 2023.

El mecanismo de comunicación es, cuando menos antiético y deshonesto con la ciudadanía y es empleado en las estrategias políticas en el mundo. Tiende a empeorar con la Inteligencia Artificial, lo que pone a los ciudadanos en indefensión frente a información falsa o manipulada para lograr objetivos grupales ajenos al bien común.

Los medios independientes y creíbles también son víctimas de estas prácticas, ya que los operadores utilizan las cuentas inauténticas para denunciar los contenidos periodísticos reales y de servicio comprometido con la sociedad, lo que afecta la presencia de estos en las redes sociales y su alcance.

El horizonte es complejo y demanda que la ciudadanía tome conciencia de estas prácticas, más aún cuando se aproxima una etapa electoral que se avizora muy dura por los ataques entre contendientes. Asimismo, es de esperar que los gobernantes -sean del partido que sean- sean honestos con la población y se alejen de este tipo de estrategias que solo le harán daño al país, generando más confrontación entre los bolivianos.