El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que una comisión técnica de la Asamblea Legislativa concertará solo proyecto de ley que permita reencaminar las elecciones judiciales.

“Lo que queremos es que se pueda consensuar en una sola ley que viabilice las elecciones judiciales”, afirmó el legislador en puertas de la Vicepresidencia, donde se desarrolló el encuentro.

Recordó que existe dos propuestas para la ejecución de las ocho fases que compete a la Asamblea Legislativa, desde la ley de convocatoria hasta la remisión de la lista de postulantes preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Vamos a tener una reunión con el órgano electoral para ver hasta dónde se puede flexibilizar y ver que los tiempos nos den; la comisión técnica nos dará las mejores luces”, complementó el titular de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado.

“Vamos a tener unas nuevas autoridades judiciales como manda la Constitución Política del Estado”, dijo Mercado.

La reunión que lideró el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, contó con la participación de los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.

El encuentro ocurrió una semana después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera su fallo sobre la anulación de la convocatoria y el reglamento de los comicios. El diputado de Creemos Leonardo Ayala había interpuesto una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el proceso.

Consultado por el consenso, Rodríguez describió “predisposición” de los miembros de oposición. “CC y Creemos están de acuerdo (con) que se lleve elecciones totalmente transparentes entre las tres fuerzas políticas”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había pedido que la lista de preseleccionados sea remitida hasta el 4 de septiembre. Así, según lo hizo saber, garantizará elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre.

Tanto oficialismo como oposición advirtieron de la necesidad de realizar los comicios judiciales para “garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional”.

Los actuales magistrados del Tribunal de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental, además de consejeros del Consejo de la Magistratura terminan su mandato el 2 de enero de 2024.