Abogados y legisladores cuestionan el trabajo que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), sobre las sentencias y resoluciones constitucionales que emiten en beneficio del poder, además de acomodar su labor al color político que se encuentra al mando del país.

“El TCP ha tenido pronunciamientos y actuaciones que no han estado a la altura de los desafíos, no se han apegado a la Constitución, han mutado la Constitución, le han hecho cambios a la Constitución a título de interpretarla sin que hubiese participado el pueblo, por lo tanto, han resquebrajado seriamente el sistema de justicia y eso se ha traducido en las fuertes divisiones que vemos en la población boliviana”, afirmó el abogado constitucionalista, Carlos Alberto Goitia Caballero.

Su colega Marco Antonio Baldivieso Jines sostiene que el sistema judicial, incluido el Tribunal Constitucional, está bajo una injerencia política de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

“Cuando hay algún tema de interés político, el Tribunal Constitucional va a sacar al día siguiente la decisión, va a definir las acciones de defensa y las otras acciones de inconstitucionalidad y recursos para dar vía a esta decisión política”, refirió.

A su vez, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas lamentó que la justicia haya caído a un nivel de descrédito, que va en desmedro de la ciudadanía.

“El TCP es un tribunal que está sometido al poder político y, lo peor, al poder político de turno, llámese Evo Morales, llámese Jeanine Áñez o Luis Arce. Ésa es la calidad de autoridades que hay. Ni siquiera ideológicamente ellos se permiten mantenerse al margen, cuando hay un Gobierno, se ponen a merced de ellos para continuar haciendo sus fechorías porque esto se lo cobra con fallos y haciendo plata a través de la corrupción”, indicó Pedrazas

El abogado Eusebio Vera, en tanto, manifestó que “la justicia siempre ha sido manejada, ha estado a disposición de las personas o autoridades que detentaban el poder”.

“Ahora todo está cooptado por el masismo, hay una hegemonía, en realidad un control total del Órgano Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado”, sostuvo.

Acciones del TCP

De acuerdo con Goitia Caballero, el trabajo del Tribunal Constitucional se sometió al poder desde 2009, con la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

Evo Morales llegó al poder tras ganar los comicios presidenciales de diciembre de 2005 y fue reelecto en 2009 después de “refundar” el país con una nueva carta magna y acortar en un año su primer mandato.

Pese al mandato de la CPE, el Tribunal Constitucional dictaminó que Morales cumplió su primer mandato en 2009, por lo que lo habilitó a una segunda reelección en 2014.

El TCP justificó, que “el periodo presidencial se computa desde la refundación”.

Los magistrados que fallaron en favor del exmandatario fueron electos en 2011, la primera elección judicial, con candidatos preseleccionados por los dos tercios del masismo.

Otra acción política del Constitucional fue la aprobación de una sentencia de “reelección indefinida”, el 27 de noviembre de 2017, y desconocer en principio la “referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 que le dijo No a Morales para una nueva postulación”.

El TCP justificó su sentencia 0084 en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y dejar de lado los artículos “156, 168, 285 y 288” de la CPE, que limitaba la reelección de los gobernantes.

Asimismo, se calificó de favorecimiento político en que autoridades electas para postular a las elecciones de 2019, no requerían renunciar, es decir se eliminó la obligatoriedad de renunciar tres meses antes de los comicios.

Por otra parte, el TCP también emitió una sentencia para beneficiar económicamente al líder cocalero.

Tras la determinación de que Morales no podía ser candidato a senador por Cochabamba en las elecciones de 2020, debido a que no se encontraba en el país y estaba refugiado en Argentina.

El TCP, en 2021, determinó una indemnización a Morales porque su candidatura no debía ser inhabilitada, porque tenía la condición de refugiado político. La indemnización económica establecía por daños civiles y judiciales.

CUESTIONADOS

27 de nov. de 2017. Reelección

El TCP emitió la sentencia constitucional 0084/2017 que habilitó al entonces presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y autoridades electas a repostularse indefinidamente.

7 de mayo de 2021. TCP deja sin efecto

La resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el 20 de febrero de 2020 inhabilitó a Evo porque no cumplía el requisito de residencia en Bolivia.

19 de abril de 2023. SIN CENSURA

El TCP eliminó la prohibición de que ministros censurados puedan ocupar cualquier cargo público por tres años.

Declaró como inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley 1350 que regula los efectos de la censura determinada por la ALP.

TCP y las elecciones judiciales

Uno de los últimos cuestionamientos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la suspensión de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales desde el 27 de abril de 2023, tras admitir un recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala contra la convocatoria a este proceso.

Como medida cautelar, el Constitucional determinó la paralización del proceso de preselección, hasta que emita la sentencia constitucional respectiva.

Anteriormente, el 12 de abril, un fallo de la Sala Constitucional Primera de Beni, a demanda del abogado Miguel Ángel Balcázar, paralizó también el proceso de preselección.

Opiniones

“Todo está controlado por el MAS, es difícil una administración de justicia proba, imparcial, idónea, porque todo esta cooptado por el masismo, intereses particulares, de grupo”, Eusebio Vera, Abogado.

“Los tribunales constitucionales son un freno al abuso del poder político y el poder económico (...) el que tenemos está más preocupado por atender las urgencias del poder político, del poder económico”, Carlos Albeto Goitia, Abogado constitucionalista.