El 2025 no será solo el año del bicentenario en Bolivia, sino también un año electoral, y precisamente esa condición, dados los antecedentes y la enorme afición política del país, es la que amenaza con eclipsar cualquier festejo.

Los principales organizaciones internacionales de derechos humanos, la misión de las Naciones Unidas, Fundaciones como la Friedrich Ebert (FES) o la Konrad Adenauer (KAS) y el propio informe del Grupo de Alto Nivel que investigó los hechos de 2019, han advertido sobre lo crucial que es recuperar toda la credibilidad en el sistema electoral boliviano antes de abordar una próxima elección, pues ni siquiera la de 2020, administrada con la oposición en el gobierno, ha servido para despejar los fantasmas sobre lo sucedido en 2019.

Aplicar la Ley de Partidos limpiamente

Una de las principales tareas que tiene pendiente nuestra democracia es aplicar la Ley de Partidos de forma limpia y saneada. La misma se aplicó aceleradamente en 2018 por una razón: los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) creían que la Ley ayudaría a disimular la postulación de Evo Morales después de haber perdido el referéndum constitucional de 2016 y que ayudaría a la narrativa: una elección invalida otra elección. Lo cierto es que no lo logró.

La Ley de Partidos incluyó algunos aspectos destinados a “democratizar los partidos”, como los plazos para adecuar sus Estatutos y depurar sus listas de afiliados y militantes, pero sobre todo se enfocó en organizar una primaria que resultó un fiasco.

La Ley estableció un plazo para inscribir alianzas y después, candidatos, al estilo de las PASO argentinas, pero lejos de abrir la votación a la población en general, se circunscribió exclusivamente a la militancia registrada, que es mucho menos del 10% del padrón aun siendo en muchas ocasiones listas infladas.

El fiasco llegó después, cuando los partidos y alianzas registradas solo inscribieron una única opción de candidatos, por lo que la militancia no tuvo nada que elegir sino que simplemente ratificaron lo decidido por las cúpulas. La anécdota tuvo que ver con la inscripción del binomio de la única alianza registrada entre Demócratas y Unidad Nacional, ya que los primeros vetaron al jefe del segundo, Samuel Doria Medina, que después trató de romper la alianza sin éxito.

Evidenciar el saneamiento del padrón

Mientras se sigan sembrando dudas sobre la consistencia del padrón, todos los resultados electorales estarán sujetos a cuestionamientos

El otro asunto en permanente pelea es el de la salud del padrón electoral. La recurrencia de sospechas, algunas inconsistencias de datos sobre duplicidades, la constatación de que la abstención en las mesas urbanas es mayor que en las rurales, y sobre todo, los últimos escándalos, incluyendo el caso del narcotraficante Sebastián Marset, quien tenía varias identidades bolivianas sin que hubiera despertado sospechas, hace que el asunto del saneamiento del padrón siga en entredicho.

Uno de los asuntos que contribuirá en esta misión, suponen las agencias internacionales preocupadas por la cuestión, es la realización del censo en 2024. Existen compromisos concretos de aplicar sus resultados ya para las elecciones de 2025 en lo que se refiere a distribución de escaños, pero los datos también permitirán cruzar información y ver las consistencias del padrón electoral, que efectivamente tiene un sistema vulnerable en la inscripción.

Mientras se sigan sembrando dudas sobre la consistencia del padrón, todos los resultados electorales estarán sujetos a cuestionamientos, por lo que a priori nadie debería oponerse a un proceso de transparencia.

Recuperar el conteo rápido

El otro asunto tiene que ver con la dignidad nacional y a la vez, con la polarización política y la susceptibilidad. El problema en las elecciones de 2019 se generó en el conteo rápido, que fue suspendido por encima del 80% con una diferencia inferior al 7% entre los dos primeros candidatos y repuesto cerca del 100%, ya con la diferencia por encima del 10%, algo a lo que después tendió el conteo oficial, mucho más lento que el rápido. La escasa difusión del procedimiento y las altas expectativas fueron el caldo de cultivo del estallido social.

El procedimiento del conteo rápido posteriormente validado por el oficial es algo común en el mundo y en el continente. Todos los gobiernos del entorno lo usan y lo respetan y es lo que permite conocer el ganador de las elecciones generales en países tan poblados como Brasil o Colombia en apenas tres o cuatro horas.

En 2020 ya no se usó en una decisión de última hora controvertida con la que el propio Tribunal Electoral trató de cuidarse ante posibles boicots. La decisión provocó un ridículo internacional dejando la orientación del resultado en mano de encuestadoras privadas que, además, no se atrevieron a dar sus resultados en boca de urna hasta bien entrada la noche del domingo electoral, pues le daban la victoria a Luis Arce por amplio margen, margen que fue aún mayor en los resultados oficiales con el 55% de los votos frente a los apenas 30% de Carlos Mesa.