Luego de haber congelado durante más de cuatro meses el curso de las elecciones judiciales 2023, el aparato judicial/constitucional del país pretende que, en apenas 30 días, la Asamblea Legislativa pacte y apruebe por dos tercios una ley de convocatoria y desarrolle las ocho fases del proceso de preselección de postulantes. Técnica y materialmente parece imposible. A no ser que, unidos en comparsa, los asambleístas trabajen, a lo Sabina, 30 días y 500 noches.

En condiciones normales, con disponibilidad de concertación, la sentencia del TCP, que borra lo avanzado e instruye hacer todo de nuevo con mayoría especial, podría ser un valioso incentivo para que las bancadas legislativas construyan in extremis un gran acuerdo político a fin de (re)encaminar los comicios. Pero estamos lejos de la normalidad: vivimos, más bien, el tiempo de las cosas diminutas. La polarización y las querellas internas dificultan hoy la sola mayoría absoluta.

Si bien la Comisión de Constitución del Senado sorprendió con la rápida aprobación por consenso de un proyecto de ley, habrá que ver los cálculos y estrategias decisorias de las fuerzas políticas en las sesiones plenarias. Por ahora, Luis Alberto se mantiene en silencio. Juan Evo denuncia un “golpe judicial contra la democracia”. Carlos Diego se atrinchera en su ley de garantías como “la única respuesta real”. Y Luis Fernando cree que no habrá elecciones. De reforma ni hablar.

Los comicios (per)judiciales son feos: llegan desportillados a las urnas con postulantes cuyos méritos casi nadie conoce. El resultado son autoridades electas con baja legitimidad de origen y no necesariamente mejores que los otrora hijos del cuoteo partidario de la democracia pactada. Pero además de su fealdad, son elecciones difíciles para el ideal del voto informado. Si sumamos el actual bloqueo institucional, el escenario es de empantanamiento.

Este martes sabremos si la voluntad política alcanza para tejer los dos tercios necesarios a fin de convocar el proceso. Si así ocurriese, enhorabuena, el siguiente desafío, también con mayoría especial, será la preselección de postulantes. Es bastante probable, empero, que el TCP, con su tardía e interesada sentencia, haya cerrado el camino a las urnas. No habrá votación, pues, el 3 de diciembre. Ni nuevas autoridades electas el 3 de enero. ¿A quién beneficia semejante fracaso anunciado? La administración de in/justicia en el país está secuestrada. Y sus operadores, al mismo tiempo, tienen como rehenes a la justicia, la Constitución y, ahora, la democracia. “Ante la Ley hay un guardián”, como aprendió Josef K. Hay que detonar esa puerta y entrar.

 FadoCracia bailadora

1. El Cambódromo, señorías, como dice su nombre, es para los cambas. Si los migrantes collas, esos, quieren hacer su entrada folklórica en “nuestro territorio” (sic), que se vayan al Collódromo. 2. Un grupo de racistas provocadores —que algunos medios llaman “activistas”— pretendió evitar el uso del Cambódromo en una entrada en honor a la Virgen del Carmen. Para ello hicieron vigilia, recordaron pititas, insultaron. Les fue mal. 3. Tres de ellos, los más violentos, terminaron detenidos. Dos, Biblia en mano; el otro, con credencial de la Asamblea de Derechos Humanos. Debe ser compadre de la señora Amparo. 4. Como no lograron impedir la entrada, maldijeron: “han desgraciado el Cambódromo cruceño” (recontra sic). Dicen que los residentes paceños les faltan el respeto. Qué horror: no contentos con bailar, comen, tiran basura, toman cerveza y ¡hasta mean! 5. «Con franqueza amigo, que estás en tu casa. Entra con franqueza, que un placer nos das. Es ley del cruceño, la hospitalidad”. Pues eso, coronadores. Racismo no rima con hospitalidad. Fundamentalismo tampoco.

José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.