La Asamblea Legislativa, conformada por tres bancadas políticas con diferentes niveles de disputa y disidencia interna, tiene el enorme desafío de aprobar en el cortísimo plazo una ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Por mandato del TCP, debe hacerlo por dos tercios. ¿Podrá lograrlo en un contexto de polarización y desencuentro donde priman los intereses particulares?

Además de la lucha por el poder político y diferentes formas de conflicto, la democracia implica diálogo plural, negociación, búsqueda de acuerdos. Ello implica construir mayorías, lo más amplias posibles, para elegir y decidir. Siempre con reconocimiento y, en lo posible, inclusión de las minorías. No ocurre así cuando las lógicas predominantes son de imposición, de un lado, y de bloqueo o veto, del otro. La experiencia demuestra que el tendido de puentes es difícil en medio de las trincheras.

Nuestro ordenamiento constitucional y normativo establece el principio de mayoría (simple y absoluta) para la elección de autoridades y representantes. En la conformación de los órganos legislativos concurre también la representación proporcional. Para la aprobación de leyes en el ámbito de la Asamblea rige la mayoría absoluta. En tanto que, en actos de fiscalización y sanción, así como en procesos de reforma constitucional y designación de algunas autoridades, se requiere una mayoría especial.

En cuanto a la aprobación de leyes, la Constitución Política del Estado establece con carácter excepcional que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización debe ser aprobada por dos tercios de asambleístas. Todas las demás leyes, por definición, se aprueban con mayoría absoluta. Por una interpretación del TCP, ahora resulta que la ley de convocatoria a las elecciones judiciales requiere también dos tercios. Tal mayoría debe ser construida en la Asamblea en los próximos días. No parece fácil.

Más allá de las reacciones a la sentencia constitucional que volvió a fojas cero el proceso de elecciones judiciales, voceros de las diferentes bancadas expresaron su disposición a lograr un acuerdo amplio para aprobar, contra reloj, la ley de marras. Incluso lo hicieron como desafío. El problema es que todos hablan desde sus propuestas. Así se explica que ya existan dos proyectos de ley: uno aprobado por la Comisión de Constitución del Senado y otro presentado por la opositora Comunidad Ciudadana.

¿Podrán los asambleístas sumar los dos tercios requeridos para viabilizar las elecciones judiciales este año? Para lograrlo deben declinar las posiciones maximalistas (“mi proyecto es la única respuesta”) y acordarse criterios razonables para garantizar lo que el país demanda: un proceso confiable que permita elegir altas autoridades judiciales con arreglo a méritos, probidad y experiencia. Pronto sabremos si la demorada sentencia del TCP encauzó o bloqueó sin fecha la elección de nuevas autoridades.