En vista de la cercana culminación del mandato de las altas autoridades judiciales, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles, ha dado a conocer los planes de contingencia pensados por el ejecutivo para evitar un vacío de poder en los Tribunales de Justicia.

El plan "A" se enfoca en la celebración de elecciones judiciales, lo cual requerirá la colaboración y el consenso de las fuerzas políticas en la Asamblea para presentar las listas de candidatos. Siles hizo hincapié en la necesidad de apoyar este proceso dentro del marco constitucional y las competencias establecidas.

"Solicitamos la conciliación de ambos proyectos, tanto del MAS como de Comunidad Ciudadana, para llegar a acuerdos y, con suerte, poder llevar adelante las elecciones", expresó Siles.

No obstante, consciente de los desafíos políticos y los plazos que puedan surgir en la realización de elecciones, el viceministro también desveló planes alternativos "B" y "C".

El plan "B" consiste en solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para evitar el vacío de poder en los Tribunales de Justicia. Siles destacó que la solución podría radicar en una interpretación adecuada de la Constitución, recordando que el Tribunal Constitucional previamente había interpretado la necesidad de obtener dos tercios de voto para aprobar la convocatoria y la preselección de las autoridades judiciales.

"Por responsabilidad, debemos tener a nuestra disposición planes "B" y hasta un plan "C". El Tribunal Constitucional debe marcar la pauta para abordar cualquier vacío de poder", enfatizó Siles.

El viceministro también recordó que, en un fallo previo relacionado con el Defensor del Pueblo, un poder del Estado debe brindar apoyo a otro poder en caso de que este no pueda cumplir con sus funciones, subrayando así la importancia de la cooperación y coordinación entre los diferentes órganos.

En cuanto al plan "C", este contempla la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe una Ley que permita ampliar el mandato de las actuales autoridades o permita la designación transitoria de suplentes en caso de que los plazos para realizar las elecciones no puedan cumplirse.

El Gobierno descarta un decreto y analiza planes de contingencia ante el inminente término del mandato de las altas autoridades judiciales. Mientras que el plan "A" busca la realización de elecciones judiciales con apoyo político, los planes "B" y "C" se centran en la intervención del Tribunal Constitucional y la posibilidad de una Ley por parte de la ALP para evitar cualquier vacío de poder en los Tribunales de Justicia y garantizar la continuidad del órgano estatal.