En medio de la crisis e incertidumbre que existe después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló todo el proceso de las elecciones judiciales, el abogado constitucionalista y exmagistrado, José Antonio Rivera, manifestó que la Asamblea Legislativa, debe aprobar un reglamento respetando la Constitución Política del Estado (CPE), porque si va en contra de los derechos fundamentales, como pretendían con la norma anulada, podría entrarse en un círculo vicioso.

El 30 de julio el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que declaró inconstitucionales al reglamento y la convocatoria de las elecciones judiciales que se encuentran paralizadas desde el 27 de abril de 2023, tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

Rivera manifestó que las normas que volvieron a fojas cero, por el fallo del TCP, tenían restricciones que vulneraban derechos fundamentales de los postulantes.

“Con el anterior proyecto no podían ser postulantes los abogados o abogadas que fueron parte de procesos de separatismo, esto quiere decir los abogados de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que de alguna manera fueron parte de las demandas de reivindicación por la descentralización político administrativa bajo la modalidad de autonomía, que fue calificada por el Movimiento al Socialismo (MAS) como separatismo”, dijo Rivera en entrevista con radio Fides.

Asimismo, explicó que con el anterior reglamento no podían ser candidatos los abogados que patrocinaron o fueron parte de procesos de enajenación de recursos naturales, que en la narrativa del MAS, son los procesos de privatización del gobierno de Jaime Paz Zamora, o la capitalización en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que respondían a políticas de Gobierno.

“(No podían postular) los abogados que hayan defendido a personas acusadas de narcotráfico. Esas restricciones vulneran el derecho de esos profesionales a ejercer la ciudadanía, el derecho a la presunción de inocencia porque no existe una sentencia condenatoria que diga que esos profesionales, al haber sido parte del proceso de capitalización o privatización, etc., o al patrocinar a una persona acusada de narcotráfico, hayan cometido algún delito”, aseveró.

En ese marco aclaró que también había otras restricciones que estaban orientadas a garantizar que solamente los profesionales que tengan afinidad ideológica y política con el MAS sean los postulantes.

TCP

Recordó que el TCP dijo que se tiene que elaborar una ley de preselección conforme a los artículos 182, 184, 194, 198 de la CPE, dada la importancia de garantizar la independencia del Órgano Judicial.

Advirtió que el reglamento debe aprobarse por dos tercios de votos, y no como ocurrió con la norma que volvió a fojas cero.

“Se debe hacer una interpretación sistemática de los artículos 194 y 198 de la CPE que establecen los procedimientos de selección y elección de magistrados del TCP y consejeros de la Magistratura (CM). El CM no señala explícitamente que debe aplicarse estrictamente los dos tercios de votos, por lo tanto en una interpretación literalista de la norma podrían interpretar que para ellos no son los dos tercios de votos y el TCP dice que se tiene que hacer una interpretación en concordancia práctica con las normas previstas en el artículo 182 de la CPE donde se exigen dos tercios”, precisó.

DOS TERCIOS

En criterio de Rivera, el TCP defendió la CPE ya que lo que se había avanzado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), tenía graves irregularidades, infracciones de derechos fundamentales, por lo tanto los legisladores deben elaborar ahora una la ley donde el oficialismo tiene que abrirse al diálogo y construir un consenso para que con dos tercios de voto aprueben la nueva norma que debe ser compatible con la Constitución.

“No deben reproducir aquellas normas del reglamento que viola los derechos fundamentales, porque de aprobarse y sancionarse la ley, así sea con dos tercios de votos, si su contenido es violatorio de derechos fundamentales, habrá abogados que nuevamente impugnen la ley y entraremos en un círculo vicioso”, apuntó.

Consultado sobre la demora en la respuesta del TCP al recurso de inconstitucionalidad explicó que ello se debe a la retardación de justicia, aunque en este caso, se cumplieron los plazos.

“Están demorados en sortear los procesos, casi en dos años, pero en este caso, el recurso fue admitido en los 10 días, otros se admiten incluso en un año. Luego procedieron al sorteo y desde ahí contaban con un plazo de 45 días hábiles que han cumplido, está claro que siendo de trascendencia nacional podían haber apresurado y sacar antes, pero yo creo que el meollo está en la ALP, de cómo obró inicialmente bloqueando una iniciativa ciudadana que impulsamos los juristas independientes con el argumento de que había que hacer las elecciones y apuraron un reglamento que no reparaba ni superaba las graves irregularidades que se llevaron a efecto las denominadas elecciones judiciales de 2011 y 2017, que no fueron tales, porque la mayoría fueron votos nulos y blancos”, aseveró.

En ese marco dijo que la ALP está trabajando a contra reloj, pero aún estuvieran dentro de los plazos, quizá la ciudadanía no esté dispuesta a ir a las urnas.

“Realmente la ciudadanía estará dispuesta a concurrir y elegir democráticamente a sus magistrados sobre la base de una decisión manipulada, tomada en la ALP donde la selección de los candidatos no está sustentada en una comprobación pública, transparente de un conjunto de idoneidades que debe reunir los profesionales para ejercer estas delicadas funciones. Pareciera que están pensando que este año se van a realizar las elecciones judiciales, que se va a superar la crisis de la justicia y eso no es cierto”, advirtió.

DATOS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio plazo hasta el 4 de septiembre para que la ALP entregue la lista de candidatos seleccionados para el Órgano Judicial. Para ello, la Comisión Mixta de Constitución tiene una propuesta de ley corta; Comunidad Ciudadana plantea una norma suprimiendo la fase de entrevistas y los “evistas” que la AL elija con una ley a interinos.

Los actuales magistrados terminan su mandato constitucional en diciembre de 2023.