El demorado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que decretó la inconstitucionalidad del reglamento de preselección y de la convocatoria para las elecciones judiciales, ha puesto en jaque a la Asamblea Legislativa y al Órgano Electoral, debido a la estrechez del tiempo para el proceso eleccionario antes de la culminación del mandato de las actuales autoridades judiciales.

Este fallo aparenta corregir una perversión de origen del fallido proceso eleccionario. Pero el hecho se asienta en el contexto de una Justicia ampliamente denunciada por su subordinación al poder político; denuncia que incluso ha sido ratificada en, por lo menos, cinco recientes informes de organismos internacionales.

Por ello, el inverosímil fallo del TCP no devuelve la confianza a la población sobre la idoneidad de las autoridades, ni sobre el proceso eleccionario en el Órgano Judicial. Para ratificar su debacle moral, en pasados días se supo la noticia de la restitución de Marvin Molina a la Presidencia del Consejo de la Magistratura, tras 10 meses de haberse visto forzado a renunciar a su mandato luego de que se divulgara un audio en el que se develaba su actuación en abierta subordinación a la estrategia de poder del MAS (https://youtu.be/vnYRD3uLytE).

La restitución de Molina es otra evidencia más de la insolvencia moral del MAS, es decir, su incapacidad para devolver credibilidad a la Justicia en Bolivia, caída en la más ignominiosa degeneración. No se puede reconstruir la credibilidad y, por tanto, la institucionalidad de la Justicia, persistiendo en acciones tan degradantes.

El verdadero jaque en que se encuentra la Justicia boliviana es la insolvencia moral fraudulenta de sus actores. Debido a su abyecto sometimiento al poder político, ellos demuestran tener incapacidad de medios básicos para cumplir obligaciones conforme a los objetivos y principios que son la razón de ser de este órgano de poder. Bajo ese sometimiento, están incapacitados para garantizar el derecho humano de acceso pleno a la justicia para toda la sociedad.

Y dadas las persistentes señales de una mafiocracia instalada en las estructuras del poder político, es fácil advertir el origen más profundo de esta insolvencia moral. El bullado caso Marset añade un dato más.

UN POCO DE SAL

MIGUEL ÁNGEL MIRANDA H.

Filósofo 

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