Lo primero, la falacia: si hace apenas cuatro años la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el momento más complejo de nuestra historia reciente, tuvo la capacidad de generar una Ley que prorrogara el mandato de los propios asambleístas por el periodo suficiente para viabilizar unas elecciones decentes que incluso fueron torpedeadas por una pandemia, nadie debería rasgarse las vestiduras porque se hiciera exactamente lo mismo con las altas autoridades judiciales.

Que no se puedan hacer este año 2023 es una vergüenza colectiva y da cuenta del estado de putrefacción de esa misma justicia a la que debemos votar, pues han concurrido incapacidades, chicanas y mala baba intentando perjudicar un asunto constitucionalizado sin que siquiera sepamos bien para qué, pero de ahí a interpretar que el presidente puede hacer un decreto sin más que prorrogue otros seis años los mandatos o acomodar el proceso de elección a sus intereses es un sinsentido.

Quizá fue esta misma caricaturización y burla colectiva sobre el oficio de la legalidad lo que aceleró su malformación y su pestilencia. Ya todo daba igual

Que alguien pueda plantear semejante atropello solo es posible por la pésima imagen pública de la elección judicial instalada en el imaginario colectivo en las dos anteriores con argumentos que se han demostrado falaces, pero efectivos.

Es verdad que en las dos anteriores elecciones los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa le han permitido hacer y deshacer a su antojo, eligiendo prácticamente a la totalidad de los magistrados de entre sus afines, pero son las cosas de la democracia y del inmenso poder que el partido de Evo Morales acumuló entre 2009 y 2017 fundamentalmente.

Las judiciales padecieron entonces dos campañas durísimas pidiendo el voto nulo con el afán de caricaturizar la elección, y lo cierto es que resultó. La cantidad de votos recibida por cada magistrado en relación a los nulos era mínima y de esa forma, se perdió la legitimidad de un proceso que recién empezaba y que las ambiciones de los que mandaban lo arruinaron.

Quizá fue esta misma caricaturización y burla colectiva sobre el oficio de la legalidad lo que aceleró su malformación y su pestilencia, cuando todo acabó de quebrarse dentro de la Justicia porque al final, todo daba igual, el dinero y el poder acababan definiendo quien ganaba y quien perdía, pero todo esto es motivo de otro editorial.

Las fuerzas están más equilibradas ahora en la Asamblea, el MAS se ha partido en dos cada uno con sus favoritos mientras que la oposición pasa por ser imprescindible para conseguir esos dos tercios exigidos y ratificados por el Tribunal Constitucional. Es el tiempo de la política para gestionar acuerdos que finalmente diriman los ciudadanos y quien sabe, tal vez existan jueces probos que no necesiten el respaldo partidario para llegar arriba, que sepan explicarse a los ciudadanos y que puedan, con su ejemplo y conducta, ser la revolución que desde luego, necesita la justicia.

Hay que sostener las judiciales porque la Justicia de hoy es, sin duda, insostenible.