La decisión del Tribunal Constitucional, de anular el reglamento y la convocatoria para la preselección en la Asamblea Legislativa de los candidatos a altos mandos del Órgano Judicial, obliga a los partidos que tienen representación parlamentaria a consensuar para alcanzar los dos tercios que son necesarios para que este proceso siga avanzando.

El hecho de que los partidos involucrados en este tema tengan que consensuar para hacer viable la preselección de los candidatos que participarán en los comicios en los que se elegirán a los nuevos magistrados implica que los mismos renuncien a intereses mezquinos, dejen de lado cualquier tipo de chantaje y opten por seleccionar, en una primera etapa, a los mejores candidatos, hombres y mujeres que estarán a la cabeza de las diferentes entidades del Órgano Judicial.

Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional, los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados expresaron su apertura a dialogar con la oposición con el fin de buscar consensos, lograr los dos tercios obligatorios y preseleccionar a los mejores candidatos en el poco tiempo que les queda para que los comicios judiciales se realicen este año.

Por su parte, representantes de la oposición han señalado también su predisposición para que las elecciones judiciales se lleven adelante, pero con algunas condiciones como la participación de representantes de la sociedad civil y de juristas externos.

Y lo que espera la población, al menos la mayor parte, es que este proceso de elecciones judiciales se agilice, no se coloquen trabas en el camino y que hasta fin de año se pueda contar con magistrados probos, porque la justicia requiere con suma urgencia la renovación de sus principales autoridades para reestructurar esta institución fundamental.

Si se deja de lado los intereses mezquinos y se trabaja en beneficio de la población, como tiene que ser, se allanarán las dificultades que se encuentren en el camino, para que hasta fin de año asuman los nuevos magistrados y ordenen la justicia que está con una imagen deteriorada por todos los delitos que cometen algunos de sus operadores.

Los diputados y senadores de las diferentes tiendas políticas deben recordar todo el tiempo que el sueldo que reciben sale de los impuestos de los contribuyentes, por lo que deben dejar de lado sus posturas personales o partidarias para consensuar y aprobar las mejores medidas en beneficio de los más de 12 millones de habitantes que tiene el país.

Si estas autoridades siguen obrando con deslealtad, tendrán que rendir cuentas a la población e incluso en el futuro no deberían tener la posibilidad de optar por cargos públicos por el daño que cometen contra la estabilidad del país.