Apuntando a que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló la convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos a autoridades judiciales está dirigido a imposibilitar la realización de las elecciones judiciales en esta gestión, opositores y oficialistas advierten planes para prorrogar en sus cargos a los actuales magistrados de altas cortes de justicia.
En conferencia de prensa, el diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, cuestionó el tiempo que los miembros del TCP demoraron en pronunciarse sobre un tema tan delicado como el futuro de las elecciones judiciales, tomando en cuenta que se trata de un asunto de interés nacional.
Por ello, señaló que debe preocupar a la ciudadanía el que una instancia de justicia como el TCP, haya postergado hasta el último momento un pronunciamiento que prácticamente impide cumplir con una preselección acorde a los requerimientos de los cargos a ser ocupados.
“El país debe preguntarse por qué esta sentencia, que podía haber salido máximo hasta fines de mayo, la han demorado hasta el día de ayer (31 de julio), dejando un tiempo prácticamente imposible para llevar adelante una preselección sobre la base del mérito, la objetividad, independencia e imparcialidad que deberían tener los postulantes que quieren convertirse en altos jueces”, sostuvo.
En esa línea, aseguró que la demora en la emisión de la cuestionada sentencia, se debe a un plan del Gobierno y las actuales cabezas de la justicia boliviana para evitar la realización de las elecciones judiciales en la presente gestión, lo que daría paso a una prórroga en el período de funciones de los actuales jueces.
“Esta sentencia forma parte de un contubernio del MAS, del Gobierno y del Tribunal Constitucional para inviabilizar las elecciones judiciales este año por falta de tiempo, todo con el objetivo de que los actuales magistrados y consejeros se queden en sus cargos”, afirmó.
Similares observaciones fueron expresadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, que sin hacer referencias directas, afirmó que existen intereses para hacer fracasar los comicios judiciales en esta gestión, sin embargo, se mostró optimista por la posibilidad de que se pueda cumplir con los plazos para viabilizar el proceso.
“Pareciera que ahora quieren buscar cuatro pies a la elección de las autoridades judiciales, pareciera que hay algunas fuerzas malintencionadas que están queriendo que se prorroguen las autoridades actuales. Vamos a hacer los esfuerzos correspondientes para cumplir todo lo que nos han dicho, más allá de todos estos cuestionamientos”, indicó.
Desde la agrupación Creemos, el diputado Richard Ribera Salas, también reprochó el proceder del TCP y el tiempo que esta instancia demoró en resolver el recurso abstracto de inconstitucionalidad planteado por el jefe de bancada de esta organización política, Leonardo Ayala, tomando en cuenta que el referido fallo pudo haberse dictado hace dos meses.
Por ello, se sumó a los criterios que apuntan a una estrategia para provocar el fracaso de las Judiciales y una prórroga para las actuales cabezas de la justicia. “Seguramente que esto va dentro de un cálculo político muy bien estudiado por el Gobierno, para empoderarse por completo en las elecciones judiciales y así manejar a su antojo todos los niveles que tiene el país”, expresó.
Consultado sobre el tema, el abogado constitucionalista, Víctor Hugo Chávez, sostuvo que las observaciones expresadas por los asambleístas nacionales cuentan con plena validez, sin embargo, la posibilidad de un fracaso en el proceso de las elecciones judiciales no puede dar lugar a una salida mediante la prórroga.
Un posible fracaso en la elección de nuevos magistrados para altas cortes solo provocaría que las autoridades salientes cesen en sus funciones, en el mes de diciembre, sin contar con sus respectivos reemplazantes. Estos cargos quedarán vacantes hasta que nuevos magistrados los ocupen después de haber cumplido con los requerimientos señalados por norma.
“Si pretenden con ello quedarse en sus funciones están muy equivocados, está decisión no alcanza legitimidad aunque le den un aura ‘pseudocientífica’. Vencido su mandato deben cesar en sus funciones y solo cuando se elijan nuevos magistrados idóneos volver a la apertura de funcionamiento”, afirmó Chávez.
En la misma línea, y lamentando una nueva muestra de la convergencia de las facciones del partido oficialista (evistas y arcistas), cuando se trata de satisfacer intereses de grupo, el diputado Alarcón manifestó que la Constitución es clara al momento de establecer la “fecha de caducidad” a las funciones de los actuales magistrados de altas cortes.
“La Carta Magna establece el plazo de caducidad el 31 de diciembre para que estos magistrados y consejeros se vayan a su casa”, finalizó.