Una de las peores atrocidades, traídas por el populismo del siglo XXI, es el control de los medios de comunicación, es la imposición de la idea de que los problemas, hasta los de mayor complejidad, tienen solución fácil. Y todo es tan simple, cuando las instituciones políticas no están legitimadas democráticamente, el ejecutivo colapsa los poderes del Estado, las personas viven sin derechos humanos, la libertad de expresión involuciona al punto de excepción, la invasión es legitimación de propiedad privada, el desalojo familiar por centenares es un derecho del gobernante, los procedimientos carcelarios se aplican a políticos presuntamente inocentes hasta grados de inanición y, la Constitución, al servicio del poder genera la debacle de la justicia.

El contagio globalizado de Israel con su reforma de prohibir el control y revisión judicial a los actos discrecionales del gobierno y designar a dedazo a jueces y fiscales, sin importar a ese modelo democrático nominal la marea blanca de protestas masivas en las calles en lo que va de esta semana, parece haberse diseminado a países de la región americana para acabar de destruir lo poco de democracia que queda y sembrar el terror para los que se rebelan.  

Estados Unidos es su principal aliado en lo militar y financiero y tal es que no le interesa el problema de la reforma que frena en seco las libertades y la separación de poderes, que su Congreso prefiere recibir testimonio de generales y pilotos que avistaron ovnis en el espacio de EE.UU desde la década de los 30. La Unión Europea tampoco ha salido a cuestionar el avasallamiento a la democracia en Israel, siendo que este valor es el pilar fundamental para la Comunidad Europea. Y ni qué decir de Nigeria, país en la que el general golpista Abdourahmane Tiani con participación del grupo armado Wagner (26-07-2023) derrocó al mandatario Mohamed Bazoum y en 48 horas la Junta nigeriana suspendió la Constitución y fusionó en uno solo los poderes legislativo y ejecutivo, lo que supone que Rusia tiene un nuevo aliado en su expansión geopolítica. El ofrecimiento de Putin en la Cumbre Rusia-África de enviar grano ruso a países africanos determina su influencia en esa región (San Petersburgo 27 y 28-07-2023), aunque Sudáfrica y otros mostraron su desacuerdo con la donación y exigieron un salida rápida al conflicto armado.

Para los exportadores del modelo de justicia eleccionaria boliviana, sin duda que la fuga del control judicial israelita la recibirán con beneplácito, sí al sistema le basta voluntad política sin interesar la cualificación en designación de magistrados y fiscal general, audacia suficiente, entusiasmo de diálogo indefinido y una buena dosis estratégica de subordinación del guardián de la Constitución, para hacer frente a problemas acuciantes de impunidad selectiva, narcotráfico sin detenidos internamente, pero juzgados en el exterior donde se incauta la droga por kilos y toneladas que salen de Bolivia, y procesos penales contra más de 275 presos que tienen derecho a la “presunción de inocencia” y no a una “tortura psicológica interminable”. 

En esta panacea de problemas poco interesa a la justicia las 370 familias (más de 1.000 personas) que han sido arrancadas y expulsadas de sus viviendas la madrugada del 25 de julio de la Zona “Clara Chuchio Satélite Norte Santa Cruz”, por torpeza inhumana del presidente del Estado Plurinacional. Entre las víctimas se encuentran padres, jóvenes, niños y ancianos que corren el riesgo de contraer patologías propias del invierno que puede comprometer su salud física y mental y hasta la vida de los desplazados. 

La frágil situación colectiva visibiliza ante el mundo la violación de derechos humanos, cual fruto del árbol podrido que el MAS IPSP regenera a favor de sus bastiones decrépito.

En este contexto, la realidad es muy diferente y, a su vez exigente, porque la mayoría de los retos impone idoneidad y responsabilidad para hacer verdadera justicia. Se entiende la desesperación de muchas personas que sufren la crisis del desempleo y que todavía no logran recuperarse porque la burocracia del sistema tiene la sustantiva marca azul blanca, para acceder a una ocupación.

Se comprende la incertidumbre y angustia por el futuro de nuestros hijos y nietos que son factores que definen nuestra época, y ellos exigen un mejor legado de esperanza, vivienda, educación y justicia.

Se comparte incluso la indignación de tanta gente que salió a las calles en los últimos años en busca de respuestas y de atención. Pero muchas de las soluciones que obtuvieron y obtienen de los nuevos políticos y de otros viejos políticos que se acomodaron a los tiempos, tienen más el propósito de cautivar el voto que de encontrar sinceramente un arreglo a sus problemas. Se avecina entonces un escenario de frustración, pero también un legítimo derecho de reclamar persistentemente la solución a los retos que involucra a todos.

De otro lado, nadie tiene por qué resignarse a que se preserve como derecho humano la reelección indefinida para presidente, vicepresidente y autoridades electas contenida en la SCP 084/2017 de 28 de noviembre, que sigue inmutable para los tribunos del Constitucional, a pesar de haber sido notificado el Estado y subsecuentemente el Tribunal Constitucional Plurinacional con la Opinión Consultiva OC 28/21 de 7 de junio emitida por la Corte IDH, que determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales del derecho. 

La Corte IDH advirtió que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante comicios populares.

La Corte IDH concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Asimismo, estableció que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros Poderes del Estado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condensa sus argumentos con las circunstancias privilegiadas que vinculan al presidente del Estado Plurinacional con decisiones institucionales que implican su participación directa en la designación de magistrados, bastará con referirnos a dos momentos nada democráticos del pasado del periodo de los 17 años del sistema: 

1. El presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma por Decreto Supremo N° 432 de 17 de febrero de 2010, nombró a “magistrados interinos” del Tribunal Supremo de Justicia a los ciudadanos: Ana María Forest Cors, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Ramiro José Guerrero Peñaranda, Esteban Miranda Terán y Jorge Monasterio Franco. Al Tribunal Constitucional a los ciudadanos: Fausto Juan Lanchipa Ponce, Abigael Burgoa Ordoñez, Ernesto Felix Mur, Ligia Mónica Velásquez Castaños y Marco Antonio Baldivieso Jinés; Lily Marciana Tarquino López, Agapito Alpire Pérez, Eve Carmen Mamani Roldan, Magalí Zaida Calderón Maldonado y Nelma Teresa Tito Araujo. Se designa interinamente al Consejo de la Judicatura a los ciudadanos: Lindo Fernández Chile, Freddy Torrico Zambrana y Amalia Morales Rondo. Los nombramientos señalados se hicieron durante la vigencia de la Constitución de 7 de febrero de 2009, vulnerando el sistema de elección que establecen los artículos 182, 183, 194 y 198 de la Constitución Política del Estado (CPE).
2. En las elecciones de los periodos 2011-2017 y 2017-2023 se preseleccionaron y eligieron magistrados sobre listas de postulantes designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) previamente, en virtud de los dos tercios de votos que obtuvo el Movimiento al Socialismo en esa época. De manera que el voto popular fue un simple formalismo. Pese a ello, los votantes por mayoría absoluta y en determinados casos por más de 2/3 los “reprobaron” con la ponderación de los votos nulos, blancos y rechazados. En ambos periodos se advirtió el sesgo del procedimiento con la parcialidad absoluta del partido de gobierno, al extremo que fueron posesionados los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y magistrados del Consejo de la Judicatura (MCJ) con una migaja del mínimo del padrón electoral nacional y departamentales, por el presidente Evo Morales Ayma. Se observó en el proceso la ausencia de legalidad, transparencia y legitimidad y, por el contrario, primó el enrosque y retorsión de tuercas de un órgano a otro.

De acuerdo a lo apuntado, la historia en esos términos no puede causar jurisprudencia, y el Tribunal Constitucional Plurinacional en su decisión respecto a la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad (AAI) sobre el Reglamento y Convocatoria para magistrados 2022-2023, por imperio de la Constitución y el sistema democrático, estaría vetado para facilitar designaciones interinas sea por vía legislativa o por el ejecutivo (Ley o Decreto). Se espera que el fallo sea sólido en la fundamentación jurídica constitucional y convencional, si la justicia debe ser un servicio público eficiente, cuyos responsables elegidos por su idoneidad y sobrada competencia en la especialidad, su labor debe ser medible a través de procesos objetivos, transparentes y susceptibles de exigencia de responsabilidades, en caso de distorsión o anomalía.

López Sánchez Rogelio (2018: 150), nos enseña que: “La justicia eficiente es aquella que garantiza el acceso a ella de los ciudadanos y proporciona respuesta predecible y adecuada en un tiempo razonable”.

El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH