Por: Yolanda Mamani Cayo

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está contra reloj. Tiene tan solo un mes y tres días para realizar todo el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial y presentar la lista al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras el presidente del Senado Andrónico Rodríguez anunció reuniones con las tres bancadas, la oposición habla de “voluntad política” y los 'evistas' dan por hecho que el Legislativo no logrará los dos tercios y vislumbran un panorama de conflictos sociales.

El senador Rodríguez señaló que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) obliga a las tres fuerzas políticas a “hacer los máximos esfuerzos” para concertar una ley con dos tercios.

“Nosotros vamos a determinar de repente una reunión a la cabeza del presidente de la Asamblea (David Choquehuanca), las jefaturas de bancadas y los presidentes de ambas cámaras para determinar el procedimiento del proceso de la preselección en el menor tiempo posible”, dijo Rodríguez.

La vocal del TSE Nelly Arista ratificó que tras la sentencia del TCP “corre tiempo” para la Asamblea Legislativa que “debería estar enviando al Órgano Electoral, hasta el 4 de septiembre, la lista de los seleccionados”.

¿Qué es lo que procede en el Legislativo para cumplir el plazo que dio el TSE para presentar la lista de candidatos?, consultó EL DEBER a los legisladores de las tres fuerzas políticas: MAS, CC y Creemos. Ninguna de las bancadas se animó a hablar de pasos concretos.

Para la oposición ésta es la oportunidad para garantizar una elección de magistrados independientes y esto se puede lograr con “voluntad política”.

El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, dijo que a pesar que ven que la sentencia del TCP “es parte de un contubernio y una coordinación oscura entre el TCP y el Ministerio de Justicia para inviabilizar las elecciones”, la misma debe ser de estricto cumplimiento.

“Nosotros vamos a poner toda nuestra voluntad política”, dijo Urquidi a EL DEBER. También anunció que pedirán a la Comisión Mixta de Constitución que dé luz verde a su “proyecto de ley de garantías” y que la misma sea aprobada en la Cámara Baja por tiempo y materia.

“El corazón de la ley de garantías parte de la posibilidad de generar una elección judicial bajo un criterio básico: que se garantice que las nuevas autoridades judiciales van a ser probas, idóneas, meritocráticas e independientes políticamente. Si el MAS muestra voluntad política puede haber un consenso”, dijo Urquidi.

La senadora Centa Rek de Creemos dijo que todo depende de la voluntad política del MAS. “El tema es que no pueden continuar imponiendo esa pseudo-elección sin que se adecúe a lo que manda la Constitución Política del Estado”, dijo.

Para la legisladora cruceña cumplir el plazo del TSE es una tarea “casi imposible” porque los consensos no se dan de la noche a la mañana, más cuando se trata de negociar con el MAS. “Nosotros como oposición nos vamos a poner en una postura legalista”.

El fallo del TCP “beneficia a los magistrados actuales y al ministro (Iván) Lima (…) están buscando prorrogarse quién sabe hasta cuándo”, aseguró a EL DEBER el diputado Patricio Mendoza de la línea 'evista' del MAS.

El legislador ve poco probable que se unan las tres fuerzas del legislativo para aprobar una ley con dos tercios para garantizar las elecciones judiciales. “Ni siquiera la convocatoria para Defensor del Pueblo se ha aprobado por dos tercios. Nada que ver”, sentenció Mendoza.

A ese escenario de incertidumbre que existe en el Legislativo, se sumará una etapa de conflictos sociales y protestas, anunció Mendoza. “Esto va a traer consecuencias de movilizaciones de la población boliviana que está cansada de la Justicia y con estos fallos no se van a poder realizar las elecciones”, aseguró.

En analista político y abogado, Juan Del Granado, coincide con los legisladores sobre la “imposibilidad” de que este 2023 en la Asamblea Legislativa se alcancen acuerdos de dos tercios para lograr la selección de los postulantes.

Del Granado ve cuesta arriba este proceso porque la ALP no sólo debe tener una ley aprobada por dos tercios para la reglamentación de la preselección de postulantes al Órgano Judicial, sino también otra norma con dos tercios para convocar a los comicios judiciales.

“Sabemos que esos dos tercios no existen de parte del partido de Gobierno y al parecer no hay ninguna posibilidad de que esos dos tercios se logren en el contexto de la Asamblea Legislativa (…) Está claro que el Tribunal Constitucional está definiendo parámetros que hacen prácticamente irrealizable la elección de magistrados este 2023”, dijo Del Granado.